Cinco excolaboradores del general Trauwitz enfrentan juicio por su presunta participación en el robo de hidrocarburos en Pemex, un caso clave en la lucha contra el huachicol.
Este miércoles dio inicio en la Ciudad de México el juicio contra cinco excolaboradores cercanos al General Brigadier Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusados de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos. Los imputados, todos de formación militar, habrían facilitado el robo sistemático de más de 2 mil millones de litros de combustible entre enero de 2015 y agosto de 2016, generando un daño patrimonial superior a los 25 mil millones de pesos a la empresa productiva del Estado.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados, quienes ocuparon cargos clave en la seguridad física de Pemex, permitieron el funcionamiento de tomas clandestinas a lo largo del sistema de ductos de la petrolera. La indagatoria se fortaleció con la denuncia del exfuncionario Moisés Merlín Sibaja, quien proporcionó información sobre 216 puntos geográficos con tomas ilegales, verificados posteriormente por la Policía Federal Ministerial. La inspección reveló que 165 estaban cerradas, pero 44 seguían operando.
El general Trauwitz, quien también fue jefe de escoltas del expresidente Enrique Peña Nieto, enfrenta los mismos cargos, pero actualmente se encuentra en Canadá, librando una batalla legal para evitar su extradición. Aunque en abril de 2024 la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica autorizó su entrega a México, Trauwitz apeló el fallo, alegando que se trata de una persecución política. En diversas entrevistas ha negado toda responsabilidad, asegurando que su gestión buscó precisamente combatir el robo de combustible.
Este proceso judicial se perfila como uno de los más relevantes en el combate al huachicol, al poner bajo escrutinio a altos mandos militares presuntamente involucrados en el saqueo interno de recursos de Pemex. La FGR busca con ello no solo sancionar a los responsables, sino también establecer un precedente contra la corrupción institucional que durante años ha permitido la operación del crimen organizado dentro de dependencias del Estado.
La atención pública se mantiene sobre este caso, cuya duración podría extenderse por varios meses dada la complejidad de las pruebas, el volumen de documentos y los múltiples testimonios que serán desahogados. La sentencia que emita el tribunal podría marcar un antes y un después en la lucha contra el robo de combustible, un delito que no solo merma las finanzas públicas, sino que alimenta el poder de grupos criminales con operaciones cada vez más transnacionales.
En efecto, el reciente informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos alertó sobre la creciente presencia de combustible robado mexicano en mercados como India, Japón y varias regiones de África. El estudio señaló que el huachicol ya es considerado el segundo negocio más lucrativo para los cárteles mexicanos, solo detrás del narcotráfico, y lamentó que hasta ahora solo se haya sancionado a tres personas y dos empresas vinculadas con este ilícito a nivel internacional.
