La reforma a la Ley de Aguas Nacionales generó bloqueos por eliminar herencias de derechos, acortar concesiones y crear posibles delitos hídricos, mientras Gobierno y diputados anuncian ajustes.
La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, uno de los principales motivos por los que agricultores se sumaron a las protestas de transportistas, ha generado diversas objeciones en el sector rural. Esta legislación constituye el marco jurídico que regula la explotación, uso, distribución y conservación de las aguas nacionales, consideradas propiedad de la nación y sujetas a concesión del Ejecutivo Federal. Sus disposiciones establecen reglas para el manejo integral del recurso hídrico, incluidas las facultades municipales en la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como la necesidad de permisos para descargas y obras hidráulicas.
Entre los aspectos fundamentales de la ley se encuentran la regulación del uso del agua, la administración de su distribución y el impulso a su conservación como recurso estratégico. También define que las aguas nacionales solo pueden utilizarse mediante concesiones federales y que los municipios tienen responsabilidad directa en la gestión de los servicios hídricos.
Las críticas recientes provinieron de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Aguascalientes. Su dirigente, Carlos Estrada Valdez, afirmó que la reforma generaría incertidumbre jurídica y afectaría la economía del campo. Señaló que la propuesta elimina la posibilidad de transmitir derechos de agua, impidiendo heredarlos o cederlos. Además, advirtió que las nuevas reglas complicarían las prórrogas de concesiones al reducir tiempos de vigencia y aumentar trámites. Otro punto señalado es la posible judicialización de conductas actualmente administrativas, lo que podría convertirse en “delito hídrico”. El líder campesino anticipó que buscarán modificar estos elementos en las discusiones legislativas.
Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que parte de la resistencia a la reforma busca mantener privilegios en el uso del agua. Indicó que se han invertido recursos en tecnificación de riego para reducir el consumo agrícola y pidió que el volumen ahorrado sea devuelto a Conagua para fortalecer el abastecimiento humano. Afirmó que algunos productores se rehúsan e incluso comercializan agua con municipios sin pagar derechos por tratarse de uso agrícola.
En paralelo, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que se prevén modificaciones a las dos leyes relacionadas con el manejo del agua tras los foros de análisis. Reconoció que las inquietudes sobre concesiones, herencias y registros como el Registro Público del Agua son legítimas. La iniciativa continúa en discusión en comisiones y aún no ha sido dictaminada. Las audiencias concluyeron el pasado 21 de noviembre.
