Las denuncias por restricciones a la prensa en Venezuela durante la cobertura de los terremotos han generado preocupación entre organizaciones periodísticas, medios independientes y organismos internacionales.
Mientras continúan las labores de rescate y la llegada de ayuda internacional tras los terremotos que han afectado diversas regiones de Venezuela, organizaciones periodísticas y medios independientes denunciaron presuntas restricciones impuestas a reporteros que buscan cubrir la emergencia en las zonas más impactadas.
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) informó que periodistas nacionales e internacionales han enfrentado obstáculos para ingresar a algunas áreas afectadas, particularmente en el estado de La Guaira. De acuerdo con los señalamientos difundidos por el organismo, también se han registrado presuntos actos de intimidación y limitaciones para documentar tanto las labores de rescate como la distribución de ayuda humanitaria.
Las denuncias fueron respaldadas por diversos medios independientes venezolanos, entre ellos El Pitazo, El Diario, Efecto Cocuyo y Runrun.es, que reportaron dificultades para acceder a sectores bajo resguardo militar. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión señalaron que estas restricciones complican el acceso a información verificada en un momento de alta relevancia para la población.
A estas preocupaciones se sumó el tema de la conectividad. La misión internacional de Naciones Unidas para Venezuela solicitó el restablecimiento pleno de los servicios de internet y pidió eliminar las limitaciones que puedan impedir a ciudadanos y medios informar sobre la magnitud de la emergencia. El organismo destacó que el acceso a la información resulta fundamental para coordinar rescates, localizar personas desaparecidas y facilitar la llegada de asistencia.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) afirmó que impedir el trabajo periodístico en terreno no contribuye a resolver la crisis y advirtió sobre la importancia de contar con información oportuna y verificable para las familias afectadas y para la población en general.
Desde el gobierno venezolano, la presidenta interina Delcy Rodríguez rechazó las críticas y defendió las medidas adoptadas durante la emergencia. Durante una conferencia de prensa en Caracas, aseguró que algunas restricciones fueron necesarias para facilitar las operaciones de búsqueda y rescate, además de evitar situaciones que pudieran poner en riesgo a la población o a los equipos de emergencia.
Rodríguez sostuvo que parte de la desinformación registrada durante las primeras horas posteriores a los sismos fue generada por lo que calificó como “laboratorios mediáticos”, los cuales, según afirmó, difundieron información falsa que contribuyó al desorden en las rutas de acceso a las zonas afectadas. Asimismo, anunció la creación de un fondo de reconstrucción por 200 millones de dólares para atender los daños ocasionados por el desastre.
Sin embargo, organizaciones periodísticas consideran que las medidas implementadas van más allá de las necesidades operativas de la emergencia y limitan el derecho de la sociedad a recibir información independiente sobre la situación que enfrenta el país.
El caso vuelve a colocar bajo la atención internacional el tema de la libertad de prensa en Venezuela. Diversos organismos nacionales e internacionales han documentado en años recientes denuncias relacionadas con bloqueos a medios digitales, restricciones al acceso a la información pública y presiones contra periodistas, un contexto que ahora se suma a los desafíos derivados de la emergencia provocada por los terremotos.
