El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció ante el secretario de Marina una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas y fue asesinado en Colima en noviembre de 2024. Su captura impulsó la detención de Fernando Farías Laguna.
La reciente captura del contraalmirante Fernando Farías Laguna reavivó la historia de quien primero levantó la voz contra la red de corrupción que operaba en las aduanas marítimas de la Secretaría de Marina: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en Colima el 8 de noviembre de 2024, el último día de su permiso, mientras sicarios en motocicleta le quitaban la vida sin que hasta ahora el crimen haya sido esclarecido.
Guerrero Alcántar fue enviado a las aduanas marítimas en enero de 2021, poco después de que el control de esas instalaciones pasara a manos de las Fuerzas Armadas. En menos de un año en el cargo detectó un esquema en el que recibía transferencias y efectivo que en un principio creyó destinados a mejoras operativas, pero que pronto identificó como sobornos vinculados a la entrada ilícita de hidrocarburos y la evasión fiscal a gran escala. Lo que siguió fue una denuncia directa ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, documentada en un audio de 19 minutos obtenido por Aristegui Noticias.
En esa grabación, Ojeda Durán plantea abiertamente dos caminos ante la denuncia: destapar todo sin importar quién caiga, o cerrar el asunto internamente con cambios de personal. El audio revela la magnitud del dilema institucional y la gravedad de lo que Guerrero había descubierto. El marino también dejó constancia de su denuncia en cartas manuscritas entregadas a sus superiores, documentos que fueron recuperados en su oficina tras el crimen y que hoy forman parte del expediente judicial, la causa penal 325/2025 radicada en el Centro Penal de Justicia Federal de Almoloya de Juárez.
Entre los elementos más reveladores de su testimonio destacan dos reuniones celebradas en mayo de 2024. La primera, el 29 de mayo en la Fonda Argentina de Paseo Acoxpa al sur de la Ciudad de México, donde Guerrero se encontró con aliados de los hermanos Farías Laguna y con el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, actualmente investigado por el homicidio del contralmirante. La segunda, dos días después en un Sanborns de Calzada Acoxpa, con el propio contralmirante Fernando Farías Laguna y el capitán Climaco Aldape Utrera, hoy preso y sujeto a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero. En esas reuniones, Guerrero relató que a Aldape le entregaban 500 mil pesos semanales como parte del esquema de sobornos.
Tras sus denuncias, Guerrero fue reasignado a la subinspección administrativa en la Región Naval de Puerto Chiapas. En octubre de 2024 se reunió con el nuevo secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y solicitó licencia para permanecer en Manzanillo. El último día de ese permiso fue asesinado. La Fiscalía General de la República compara su homicidio con el de una funcionaria de esa misma dependencia ocurrido días antes en la misma ciudad.
Hasta el momento, 11 de las 14 personas con orden de aprehensión vinculadas al caso han sido detenidas. No todos los nombres señalados por Guerrero han sido imputados y la investigación permanece inconclusa, mientras el caso del marino que se atrevió a denunciar sigue siendo el hilo conductor de una de las investigaciones de corrupción más profundas en la historia reciente de las Fuerzas Armadas mexicanas.
