García Harfuch confirmó que Maru Campos desconocía la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, mientras la FGR atrae el caso y la gobernadora declina comparecer ante el Senado.
En medio de una de las crisis de seguridad más delicadas que ha enfrentado Chihuahua en años recientes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, ofreció este lunes una postura oficial sobre los hechos ocurridos en el municipio de Morelos, donde dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos perdieron la vida en un accidente vinculado al desmantelamiento de un narcolaboratorio conocido como «El Pinal».
García Harfuch fue contundente al marcar una distinción que considera fundamental: la colaboración entre México y las agencias de seguridad estadounidenses se limita al intercambio de información, y no implica la presencia de agentes extranjeros operando en campo dentro del territorio nacional. «Es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley a tener agentes operando en campo», afirmó el funcionario, dejando claro que cualquier actividad de este tipo debe estar enmarcada en la legalidad y supervisada por la Cancillería mexicana.
Uno de los momentos más relevantes de la conferencia fue la referencia a una reunión privada entre el propio Harfuch y la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Según el secretario federal, la mandataria chihuahuense le aseguró directamente que no tenía conocimiento de que una operación con participación de agentes norteamericanos se estuviera desarrollando en la zona donde ocurrió el incidente. Este deslinde de Maru Campos llega en un momento en que el gobierno estatal enfrenta cuestionamientos desde múltiples frentes, incluyendo el Senado de la República, donde legisladores señalan que Chihuahua pudo haber actuado al margen de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Ley de Seguridad Nacional.
La Fiscalía General de la República ya atrajo el caso para determinar con precisión qué papel jugaban estos ciudadanos extranjeros, quienes viajaban con pasaporte diplomático y visa de turista, en las operaciones realizadas entre el 17 y el 19 de abril en la sierra chihuahuense. Las circunstancias bajo las que se encontraban en el lugar siguen siendo materia de investigación.
En ese contexto, la gobernadora Maru Campos declinó comparecer ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado. El gobierno estatal argumentó que su presencia podría comprometer información de carácter confidencial o clasificada de las investigaciones en curso. En el oficio remitido al Senado se menciona la creación de una Unidad Especializada para investigar el caso, pero la ausencia de la mandataria dejó sin respuesta una pregunta central: quién autorizó la presencia de esos agentes en la zona y bajo qué protocolo actuaron.
La Ley de Seguridad Nacional es clara en este punto: cualquier actividad de agencias extranjeras en suelo mexicano debe ser notificada y coordinada con la Cancillería. El hecho de que los agentes fallecidos aparentemente participaran en una operación antidrogas sin que mediara esa notificación formal representa un problema de fondo que trasciende lo local y toca directamente el tema de la soberanía nacional, un asunto particularmente sensible en el contexto actual de las relaciones entre México y Estados Unidos.
García Harfuch cerró su intervención expresando su pesar por el fallecimiento de las personas involucradas y reafirmando que el gobierno mexicano mantendrá canales de colaboración con sus contrapartes estadounidenses, siempre que se respeten los marcos legales establecidos. Mientras tanto, la FGR avanza en los peritajes del caso y el Senado evalúa si la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua representa una falta a la transparencia en un asunto de seguridad nacional que sigue generando preguntas sin respuesta.
