México, España y cuatro países más rechazaron las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y advirtieron contra cualquier intento de control externo de sus recursos petroleros.
Los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay expresaron este domingo su rechazo a las acciones militares unilaterales realizadas por Estados Unidos en territorio venezolano, las cuales derivaron en la detención del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
A través de un comunicado conjunto, las seis naciones manifestaron su profunda preocupación por operaciones que, señalaron, vulneran principios esenciales del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados.
En el pronunciamiento, los países firmantes advirtieron también sobre cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos de Venezuela. Esta referencia aludió de manera directa a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se logre una transición que calificó como segura y apropiada.
El mandatario norteamericano anunció además que empresas petroleras de Estados Unidos invertirán miles de millones de dólares para rehabilitar la infraestructura energética venezolana, la cual describió como severamente deteriorada. Sin embargo, no precisó los alcances ni la duración de la eventual administración estadounidense en el país sudamericano.
Ante este escenario, los gobiernos de América Latina y Europa subrayaron que la crisis venezolana debe resolverse únicamente por medios pacíficos, a través del diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Reiteraron que cualquier salida debe darse sin injerencias externas y en estricto apego al derecho internacional.
El comunicado concluyó que solo un proceso político inclusivo, encabezado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana, descartando la imposición de decisiones desde el exterior.
