Una iniciativa de Morena busca despenalizar la muerte asistida bajo regulación estricta, reavivando el debate sobre derechos humanos, ética médica y dignidad en el sector salud.
El tema de la muerte asistida ha retomado relevancia en el debate público y legislativo en México, especialmente en el sector salud, luego de que se presentara una iniciativa en la Cámara de Diputados para permitir esta práctica bajo una regulación estricta del Estado. La propuesta fue impulsada por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del grupo parlamentario de Morena, y plantea reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.
En la legislación mexicana vigente, la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad se encuentran prohibidos. No obstante, la iniciativa propone despenalizar la muerte asistida cuando se realice bajo condiciones específicas, sin que se considere delito ni genere responsabilidad civil, siempre que se ajuste a normas emitidas por la Secretaría de Salud y cuente con supervisión institucional.
Desde la perspectiva sanitaria, el debate se enfoca en el respeto a la dignidad de personas con enfermedades graves o en fase terminal que enfrentan sufrimiento persistente, incluso con cuidados paliativos. El proyecto establece que solo personas mayores de 18 años podrían solicitar la muerte asistida, de forma expresa y por escrito, y que la petición sea evaluada por un Comité de Bioética para determinar su procedencia.
La iniciativa también asigna a la Secretaría de Salud la responsabilidad de emitir la normatividad correspondiente, incluyendo requisitos, procedimientos y periodos de reflexión, con el fin de garantizar decisiones informadas y libres, bajo protocolos médicos estrictos. Se señala además que únicamente personal médico autorizado podrá participar, respetando el derecho a la objeción de conciencia.
En el ámbito médico, uno de los puntos centrales del debate es el equilibrio entre la autonomía del paciente y la responsabilidad ética del personal de salud. La propuesta reconoce ambos principios, al permitir que médicos objetores se abstengan de participar, pero obligando a las instituciones a garantizar la atención mediante otro profesional si se cumplen los requisitos legales.
El debate también se sustenta en estudios de opinión pública. De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, una parte relevante de la población considera que las personas en fase terminal deberían tener la opción de adelantar su muerte ante sufrimientos inevitables, lo que refleja un cambio en la percepción social.
A nivel internacional, países como Canadá, España, Países Bajos y Colombia han avanzado en la regulación de la muerte asistida, sirviendo como referencia en el análisis legislativo mexicano. Especialistas advierten, sin embargo, que cualquier avance debe priorizar la protección de los derechos humanos, la ética médica y la prevención de abusos.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en análisis en las comisiones de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados, donde continuará la discusión sobre el papel del Estado, el sistema de salud y la sociedad frente a uno de los temas más sensibles del ámbito sanitario contemporáneo.
