La Fiscalía de Chihuahua y la Sedena aseguraron en el municipio de Morelos uno de los narcolaboratorios más grandes del país, presuntamente operado por el Cártel de Sinaloa, sin lograr ninguna detención.
Un hallazgo sin precedentes en materia de seguridad sacudió al estado de Chihuahua: la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró lo que el propio fiscal César Jáuregui Moreno describió como uno de los narcolaboratorios más grandes descubiertos en el país. Las instalaciones, ubicadas en el municipio de Morelos, en los límites con Sinaloa, habrían sido utilizadas para producir drogas sintéticas como metanfetaminas a escala masiva, con capacidad de distribución hacia múltiples estados de la república.
El lugar se encontraba en una zona serrana de difícil acceso, a aproximadamente seis horas de distancia del poblado más cercano. Su localización fue posible gracias a un trabajo de inteligencia de dos a tres meses y al uso de drones, herramienta clave para identificar las estructuras desde el aire. Sin embargo, se presume que los operadores del sitio fueron alertados por halcones, lo que les habría dado tiempo para abandonar las instalaciones horas antes de la llegada de las autoridades. El resultado fue contundente en cuanto al aseguramiento del lugar, pero dejó un punto crítico sin resolver: no hubo ninguna persona detenida.
Las instalaciones estaban organizadas en dos campamentos con un total de seis áreas. El primero abarcaba aproximadamente 850 metros cuadrados divididos en cinco secciones. El segundo campamento era un área abierta que concentraba la mayor parte del equipo de producción: 14 hornos, dos calderas, un contenedor conectado a los hornos, 196 cilindros de gas de 30 kilogramos cada uno, seis contenedores de mil litros, 44 contenedores adicionales de mil litros con líquido en su interior, 44 contenedores de 500 litros, 22 recipientes con material de color blanco, cinco galones de 60 litros con químicos por identificar, costales con material blanco, condensadores y tambos vacíos, entre otros elementos. La magnitud del inventario da cuenta de una operación industrial, no de un laboratorio menor.
El fiscal Jáuregui Moreno señaló que el lugar era operado por entre 50 y 100 personas, y que la producción estaba destinada a abastecer distintas zonas del país. Por la ubicación geográfica, en los límites con el estado de Sinaloa, las autoridades presumen que el laboratorio pertenecía a alguna célula del Cártel de Sinaloa, aunque al momento del reporte aún no se había confirmado oficialmente.
Dado que se trata de un delito del fuero federal, el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República para que asuma el control del aseguramiento y continúe con las investigaciones. Los 10 peritos de las zonas Centro y Sur que acudieron al lugar tardaron casi un día completo en llegar, lo que refleja las condiciones extremas del terreno. El director general del Laboratorio de Servicios Periciales y Ciencias Forenses informó que los trabajos para trasladar las muestras a los laboratorios de química comenzarían en los días siguientes, una vez realizado el traspaso a la autoridad federal.
La ausencia de detenidos abrió líneas de investigación internas ante la posibilidad de que haya existido una filtración de información. El fiscal adelantó que ya se revisan los protocolos y canales internos de comunicación para determinar si la información del operativo fue comprometida antes del despliegue. El caso pone en evidencia el nivel de sofisticación que han alcanzado los grupos del crimen organizado, capaces de instalar infraestructura de producción a gran escala en zonas remotas y mantenerla operando por tiempo prolongado sin ser detectados.
