Octavio Romero defendió su declaración patrimonial, negó irregularidades y acusó a medios de difamación tras señalamientos sobre sus ingresos y propiedades.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, respondió este lunes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum a los señalamientos difundidos en días recientes sobre su declaración patrimonial.
El funcionario calificó las publicaciones de diversos medios, entre ellos Reforma, El Universal y TV Azteca, como parte de una “campaña de difamación” y rechazó que su ingreso supere al de la Presidenta de la República.
Romero aseguró que su salario se encuentra establecido conforme al tabulador federal y sostuvo que sus percepciones son inferiores a las de Sheinbaum.
Como parte de su explicación, señaló que el ingreso bruto anual reportado para la presidenta fue de 2 millones 302 mil 152 pesos, mientras que el correspondiente al director del Infonavit ascendió a 2 millones 261 mil 994 pesos. Ambos montos corresponden a ingresos antes del pago de impuestos.
Otro de los puntos abordados durante su intervención fueron los terrenos que aparecen dentro de su patrimonio, particularmente dos predios ubicados en Tabasco.
Romero explicó que estos terrenos fueron adquiridos hace varias décadas, antes de que ocupara cargos públicos de relevancia. Detalló que uno de ellos corresponde a un predio rústico de 49 hectáreas localizado en Cunduacán, Tabasco, adquirido en 1984 por un millón de pesos.
El funcionario señaló que los documentos de propiedad contienen cantidades expresadas en “viejos pesos”, situación que, según su explicación, habría generado interpretaciones distintas sobre el valor de las propiedades.
De acuerdo con los cálculos expuestos por Romero, el valor actualizado de ambos terrenos sería de aproximadamente 6.8 millones de pesos, cantidad que, afirmó, se encuentra lejos de los más de 28 millones de pesos que le habrían atribuido algunas publicaciones.
El director del Infonavit también respondió a los señalamientos relacionados con una vivienda ubicada en Tlalpan. Explicó que la propiedad fue adquirida en 2001 mediante un crédito de Banamex y no mediante un pago de contado, como habría sido presentado en algunas coberturas.
Respecto a dos departamentos de 74 metros cuadrados adquiridos en 2018, Romero indicó que fueron comprados mediante un esquema de preventa, cuando el inmueble todavía se encontraba en una etapa inicial de construcción.
Según su explicación, esta modalidad permitió obtener un precio menor y los departamentos terminaron de pagarse dos años después mediante créditos hipotecarios con Bancomer.
Durante su intervención, el funcionario también negó contar con algunos de los bienes que se le han atribuido en publicaciones recientes y aseguró que no posee automóvil, joyas ni obras de arte.
“No tengo auto (…) nunca, jamás en mi vida he comprado joyas. Yo no provengo de una familia con esas costumbres ni con ese nivel socioeconómico”, afirmó.
Romero sostuvo además que su declaración patrimonial tiene un carácter histórico, debido a que la ha presentado durante años, y aseguró que su patrimonio prácticamente no ha aumentado con el paso del tiempo.
Sin embargo, dentro de la controversia también se encuentra el señalamiento sobre la fecha en que fue presentada su declaración patrimonial. De acuerdo con información difundida por Reforma, el documento habría sido entregado fuera de los plazos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En ese contexto, también se informó que el Comité de Transparencia del Infonavit determinó el 13 de julio clasificar como confidencial la declaración patrimonial del director general. Posteriormente, Romero habría presentado una nueva declaración con fecha del 7 de septiembre, después del llamado realizado por Sheinbaum para transparentar la información.
Durante la conferencia, la presidenta permitió que Romero expusiera directamente su versión sobre los señalamientos. Sheinbaum, por su parte, defendió la transparencia de su administración y cuestionó la cobertura de algunos medios de comunicación, a los que calificó como parte de una “propaganda de la derecha”.
El caso mantiene la atención pública debido al debate sobre la transparencia de las declaraciones patrimoniales de funcionarios de alto nivel y las diferencias entre la información difundida por medios de comunicación y las explicaciones ofrecidas por el propio funcionario.
Hasta ahora, Romero sostiene que los señalamientos sobre su patrimonio presentan información fuera de contexto o interpretaciones incorrectas, mientras que las publicaciones referidas mantienen cuestionamientos sobre la declaración y su presentación.
