El asesinato de Carlos Manzo expone fallas estructurales y omisiones en seguridad; Oliva Posada subraya la necesidad de prevención, responsabilidad social y fortalecimiento político local.
La indignación generada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre frente a ciudadanos, reavivó el debate sobre la violencia y la impunidad en México. De acuerdo con el analista en seguridad y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Oliva Posada, este caso refleja la profundidad de la crisis de seguridad nacional y demuestra que las respuestas oficiales continúan siendo principalmente reactivas, en lugar de anticiparse a la comisión de los crímenes.
Oliva Posada señaló que aunque las autoridades suelen prometer justicia tras hechos como este, la reiteración de ataques contra figuras públicas genera desconfianza social. Recordó que Carlos Manzo había expresado previamente que enfrentaba amenazas de muerte, lo que evidencia la falta de medidas preventivas por parte de los gobiernos locales y estatales.
El analista contextualizó la problemática dentro de los lineamientos de los Protocolos de Palermo, impulsados por la ONU y ratificados por México en 2003. Estos establecen que el crimen organizado solo puede operar cuando se presenta al menos uno de tres factores: inacción por miedo, omisión institucional o complicidad de las autoridades. En el caso de Michoacán, sostuvo que la falla principal recae en la administración estatal encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla, debido a la incapacidad para contener la violencia que también se refleja en protestas recientes de productores locales.
Oliva Posada recordó que, a lo largo de los años, se han implementado diversos programas y respuestas emergentes, como ocurrió con los jóvenes de Salvárcar o el operativo “Todos Somos Juárez”, pero que ninguno ha logrado resultados sostenibles. Explicó que el problema se extiende a estados como Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Guerrero y Colima, este último con una de las ciudades más violentas del mundo.
Además de la actuación gubernamental, el académico destacó la influencia de la normalización social de la violencia. Consideró relevante la decisión de la alcaldesa de Guadalajara de cancelar un concierto de Junior H, argumentando que la popularidad de artistas que glorifican actividades ilícitas contribuye a reforzar narrativas ligadas al crimen. “Si sesenta mil personas van a ver a un artista como Peso Pluma, luego no se quejen de lo que están reproduciendo”, afirmó. Añadió que la sociedad también participa indirectamente cuando consume productos pirata o acepta bienes de procedencia ilegal.
El profesor ilustró la situación con ejemplos de extorsión en comunidades del Estado de México, donde comerciantes han sido obligados a vender mercancía robada bajo amenazas, pese a la presencia de cámaras de vigilancia. Según Oliva Posada, esto refleja un fenómeno histórico de debilitamiento institucional y sometimiento de autoridades locales frente a estructuras criminales.
Respecto a la evolución del crimen organizado, explicó que México pasó de contar con siete grandes organizaciones criminales a miles de células dispersas. Esta fragmentación, afirmó, se deriva de la estrategia de capturar líderes, lo que ha generado grupos más pequeños y difíciles de controlar. Para contrarrestar este avance, recomendó adoptar procesos penales amplios, como los “maxiprocesos” de Estados Unidos e Italia, dirigidos no solo contra cabecillas, sino también contra redes financieras, contadores, abogados y otros colaboradores.
En cuanto a responsabilidades gubernamentales, señaló que la seguridad debe ser compartida entre los tres niveles de gobierno. Mientras el presupuesto municipal destinado a seguridad continúa en discusión en el Senado, la falta de recursos y capacitación para policías locales limita su capacidad de enfrentar amenazas, agravada por el riesgo personal y familiar que enfrentan los elementos.
Finalmente, Oliva Posada cuestionó la eficacia de la Guardia Nacional y los planes actuales de seguridad pública, indicando que se han recurrido repetidamente a estrategias que no han dado resultados comprobables, lo que mantiene la crisis de violencia en el país.
