Más de 17 organizaciones civiles, incluyendo Greenpeace y CEMDA, denunciaron que el derrame de crudo en el Golfo de México comenzó el 6 de febrero en un ducto de Pemex y no en marzo por causas naturales como afirma el Gobierno Federal.
Una coalición de más de 17 organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), CartoCrítica y Geocomunes, presentó una investigación que contradice frontalmente la narrativa oficial sobre el desastre ambiental en el Golfo de México. Según el pronunciamiento, el vertido de hidrocarburos no fue un evento fortuito iniciado en marzo por «emanaciones naturales» o buques desconocidos, sino una fuga operativa que comenzó el 6 de febrero de 2026 en el ducto «OLD AK C». Esta línea de 36 pulgadas, que transporta crudo desde la plataforma AKAL-C hasta la Terminal Marítima de Dos Bocas, habría sido el origen de una mancha de contaminación que el gobierno federal intentó minimizar o encubrir.
La evidencia presentada por las organizaciones incluye monitoreo satelital y registros operativos que detallan una cronología de omisiones. Se documentó que el 7 de febrero, apenas un día después de detectarse las primeras manchas frente a Campeche, el buque especializado «Árbol Grande» —operado por una contratista de Pemex Exploración y Producción— llegó a la zona para realizar reparaciones en el ducto, permaneciendo ahí ocho días sin que se emitiera ninguna alerta pública. Para el 19 de febrero, la mancha de hidrocarburo ya cubría una superficie de casi 300 kilómetros cuadrados, mientras embarcaciones de apoyo realizaban maniobras de dispersión con cañones de agua en un intento por ocultar la magnitud del evento antes de que el crudo recalara en las costas a principios de marzo.
El impacto de este «ocultamiento oficial» ha sido devastador para el ecosistema y las comunidades. Al no activarse el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos de manera inmediata, se perdió tiempo vital para la contención, resultando en la afectación de 630 kilómetros de litoral y daños en 51 sitios con presencia de chapopote, incluyendo arrecifes del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México y manglares críticos. Las organizaciones califican la postura del gobierno como una «falsedad oficial», señalando que la negligencia no solo es técnica, sino legal, al incumplir con la obligación de notificar de inmediato a la población costera y a las autoridades ambientales sobre el origen real del vertido.
Finalmente, las agrupaciones civiles exigen transparencia y rendición de cuentas sobre quién decidió postergar la información pública durante casi un mes. Denuncian que la narrativa que atribuye el desastre a «chapopoteras naturales» en Cantarell es insostenible frente a la evidencia de las maniobras de reparación del buque especializado en el ducto de Pemex. La coalición advierte que las consecuencias para la fauna marina, las comunidades pesqueras y los ecosistemas protegidos son responsabilidad directa de una cadena de mando que priorizó el control de daños políticos sobre la protección del patrimonio natural de México.
