Parlamentarios chilenos exigen investigar el proyecto Chile–China Express, un cable submarino que uniría Valparaíso con Hong Kong, por sus riesgos geopolíticos, estratégicos y de seguridad digital.
El proyecto Chile–China Express (CCE), que busca conectar a Chile con China mediante un cable submarino de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong, ha generado una creciente preocupación en el ámbito político chileno debido a sus implicancias estratégicas, geopolíticas y de seguridad digital. Parlamentarios de oposición han alzado la voz para exigir mayor transparencia e incluso una revisión urgente de la iniciativa.
El Chile–China Express es impulsado por la empresa multinacional Inchcape Shipping Services (ISS), una de las principales compañías de gestión portuaria y servicios marítimos a nivel global. A inicios de julio del año pasado, representantes de ISS presentaron a la empresa Puerto Valparaíso los avances del proyecto, el cual cuenta con el respaldo del gobierno del entonces presidente Gabriel Boric.
Según sus promotores, el cable tendría una capacidad de transmisión de hasta 16 terabits por segundo, lo que permitiría un salto significativo en velocidad, confiabilidad y reducción de costos en la transmisión de datos. Bajo esta premisa, el Chile–China Express busca posicionar a Chile como un hub digital dentro de la red global de telecomunicaciones.
Durante la presentación del proyecto, el gerente general de ISS, Víctor Oelckers, sostuvo que el cable también contribuiría a la autonomía digital del país. Explicó que actualmente Chile depende de cables submarinos que se conectan principalmente a Estados Unidos, por lo que una nueva ruta permitiría diversificar la conectividad internacional y reducir riesgos ante eventuales fallas en la infraestructura existente.
Oelckers detalló que la empresa se reunió inicialmente con Puerto Valparaíso para compartir los detalles del proyecto y, al mismo tiempo, aprovechar la experiencia técnica y administrativa del puerto en materia de concesiones y permisos necesarios para definir el punto de aterrizaje del cable submarino y su conexión con la red terrestre chilena. Estas declaraciones fueron recogidas por el sitio especializado Portal Portuario.
No obstante, a diferencia de otros proyectos similares, el Chile–China Express ha avanzado con un alto grado de reserva. Esta falta de información contrasta con el Cable Humboldt, iniciativa impulsada también por el Estado chileno en conjunto con Google, la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa.
El Cable Humboldt, que conectará Valparaíso con Sídney pasando por Tahití, fue anunciado públicamente con un cronograma definido —se espera que entre en operación en 2027—, una inversión estimada entre 300 y 550 millones de dólares y socios claramente identificados. En cambio, el Chile–China Express figura en registros de la industria como un proyecto “en progreso”, sin detalles claros sobre su financiamiento, consorcio, términos contractuales ni anuncios oficiales por parte del gobierno.
La principal inquietud radica en que el Chile–China Express no es solo un proyecto de telecomunicaciones, sino una infraestructura estratégica que podría otorgar a China control sobre nodos críticos de transmisión de datos. Desde 2017, China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia, además de establecer exigencias sobre almacenamiento, auditoría y transferencia de datos en infraestructuras críticas.
A ello se suma la Ley de Inteligencia Nacional china, que exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro o fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto implica que los datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas podrían quedar a disposición de Pekín sin que los usuarios o los Estados interconectados tengan capacidad real de impedirlo.
En el caso chileno, los riesgos no se limitarían al territorio nacional. Países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su tráfico de datos enrutado a través del Chile–China Express, lo que convierte al proyecto en un asunto de alcance regional. De concretarse, el control chino de esta infraestructura podría comprometer la seguridad de la información de millones de personas en América Latina.
Ante este escenario, parlamentarios de oposición han calificado el proyecto como “incómodo” y han solicitado que el nuevo gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, lo revise y corrija con urgencia. El senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, fue uno de los primeros en advertir públicamente sobre los riesgos asociados al Chile–China Express.
En una columna publicada a fines de julio de 2025 en el medio El Líbero, Kusanovic alertó sobre las implicancias estratégicas del proyecto, especialmente en el contexto de un gobierno que, a su juicio, mantuvo una relación imprudente con Estados Unidos, socio histórico de Chile en materia de política exterior.
El senador recordó además antecedentes de acercamientos políticos entre sectores chilenos y el Partido Comunista Chino, y llamó a evitar cualquier forma de injerencia extranjera en decisiones estratégicas. En su análisis, los cables submarinos son activos críticos que permiten acceso a información sensible, vigilancia y proyección de poder.
Kusanovic también cuestionó que el Cable Humboldt haya excluido del trazado a Isla de Pascua y al archipiélago Juan Fernández, territorios estratégicos desde el punto de vista de la soberanía oceánica. A su juicio, esta omisión podría favorecer indirectamente la ruta alternativa propuesta por China a través del Chile–China Express.
En conversaciones posteriores con medios de comunicación, el senador insistió en que ha existido un manejo poco transparente del proyecto y criticó la falta de conducción institucional clara. Aseguró que otros parlamentarios comparten la preocupación, aunque el gobierno ha evitado pronunciamientos públicos.
En la Cámara de Diputados, el legislador republicano Hotuiti Teao confirmó que se solicitó la realización de una sesión secreta de la Comisión de Defensa Nacional para analizar los antecedentes del Chile–China Express. Dicha sesión buscará contar con la presencia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para evaluar el diseño, los alcances y los resguardos de seguridad del proyecto.
Teao señaló que la iniciativa involucra infraestructura crítica de telecomunicaciones, no incluye territorios estratégicos como Rapa Nui y Juan Fernández, y carece de una evaluación pública en materia de seguridad y ciberseguridad, razones por las cuales el Congreso debe ejercer su rol fiscalizador con profundidad y reserva.
