A partir de febrero de 2026, el gas LP subirá aproximadamente 0.2% a nivel nacional por nuevas normas de seguridad que buscan prevenir accidentes y reforzar el control del servicio doméstico.
La Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) anunciaron que el precio del gas LP tendrá un ajuste nacional a partir de febrero de 2026, como consecuencia de la entrada en vigor de nuevas disposiciones normativas enfocadas en mejorar la seguridad en el manejo de este combustible de uso doméstico.
El incremento estimado será moderado y gradual, con un alza promedio de 0.2% en todo el país. Aunque el ajuste es pequeño, impactará a todos los consumidores, ya que se aplicará de forma general a las tarifas publicadas semanalmente por la CRE en su portal oficial.
El aumento responde a los costos operativos que implicará implementar las normas oficiales NOM-001-SECRE-2025 y NOM-010-SECRE-2024. Estas regulaciones contemplan medidas más estrictas para el transporte, almacenamiento y venta de gas LP, con el objetivo de reforzar la seguridad en los hogares y evitar tragedias como la ocurrida recientemente en Iztapalapa.
De acuerdo con la CRE, las nuevas disposiciones obligarán a los distribuidores a renovar equipos, reforzar controles y garantizar condiciones óptimas en la entrega del servicio. Aunque esto genera un impacto en los costos, las autoridades aseguran que se prioriza la seguridad de los usuarios.
Como parte de las recomendaciones, la Comisión Reguladora de Energía exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante su sitio web oficial (https://www.gob.mx/cre/documentos/precios-maximos-aplicables-de-gas-lp?idiom=es), donde se actualizan semanalmente los precios máximos aplicables al gas LP, según región y proveedor.
Asimismo, pidió a los consumidores verificar que los cilindros cuenten con sellos de seguridad visibles, que no presenten fugas, y que los distribuidores estén debidamente registrados ante las autoridades correspondientes.
Con estas acciones, el gobierno federal busca establecer un equilibrio entre mejorar la seguridad en el uso del gas LP y mantener un impacto mínimo en la economía de las familias mexicanas.
