Sheinbaum firmó un decreto que prohíbe a las redes sociales exponer a menores de 18 años a contenido violento y sexual; entrará en vigor en un mes y advierte sanciones.
México prohibió el contenido violento y sexual en las redes sociales para niñas, niños y adolescentes. Con ello se sumó a un movimiento global de regulación de la tecnología, aunque la medida también generó dudas sobre el enfoque del gobierno y su legalidad. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles un decreto que impide a las plataformas digitales exponer a menores de 18 años a contenidos que generen o promuevan conductas dañinas, o recomendárselos.
El documento incluye el discurso de odio, la violencia extrema, el abuso, la violencia sexual, el suicidio, las autolesiones deliberadas, los trastornos alimentarios, la violencia escolar, el ciberacoso y el material sexualmente explícito. Las empresas deberán eliminar de inmediato los contenidos o las cuentas que promuevan la violencia y verificar la edad de sus usuarios. También tendrán que ofrecer herramientas de supervisión parental, habilitar mecanismos para denunciar contenido violento y mantener un punto de contacto disponible las 24 horas para las autoridades. Además, deberán alertar de inmediato a las autoridades cuando detecten contenido que ponga en peligro la vida.
El decreto no entrará en vigor sino hasta dentro de un mes. Sheinbaum explicó que las empresas estuvieron de acuerdo durante las reuniones con el gobierno, pero pidieron tiempo para ajustar sus plataformas. Al mismo tiempo, advirtió que habrá vigilancia. Si no se cumple, dijo, se pasará al siguiente paso, que ya no sería solo un decreto presidencial sino una ley, y con una ley llegarían las sanciones.
Varias de las empresas mencionadas por el gobierno, entre ellas Google, TikTok, X y Apple, no respondieron a las solicitudes de comentarios este miércoles. Microsoft se negó a opinar. Por su parte, Meta señaló en un comunicado que lleva años trabajando para dar a los padres la capacidad de supervisar a sus hijos en línea y para ofrecer a los usuarios jóvenes cuentas que limitan lo que ven. La compañía afirmó que comparte el objetivo de la presidenta de lograr un entorno digital más seguro para los adolescentes en México y que seguirá colaborando con el gobierno.
Gobiernos de distintas partes del mundo han endurecido su postura frente a las empresas tecnológicas con la intención de proteger a los menores de los posibles daños de las redes sociales. Australia, Reino Unido y Francia han adoptado leyes de verificación de edad, al igual que varios estados de Estados Unidos. En ese país, las empresas impugnan en tribunales las leyes estatales con el argumento de que vulneran la libertad de expresión, aunque otros países no cuentan con las mismas protecciones. A finales de agosto, Meta alcanzó un acuerdo histórico con 47 estados, el Distrito de Columbia y territorios estadounidenses, en el que aceptó pagar hasta 17.1 mil millones de dólares en multas y realizar cambios importantes en sus productos por las acusaciones de que ponían en riesgo a los niños.
En México, algunos legisladores han analizado la posibilidad de regular el acceso de los menores a las redes sociales. El mes pasado, el gobierno restringió el uso de teléfonos celulares y pantallas en el sistema educativo. Sheinbaum señaló que el nuevo decreto responde a un ataque ocurrido a principios de este mes en una escuela secundaria del norte del país, hecho poco común en México, en el que dos hermanos exalumnos mataron a un subdirector e hirieron a otras personas. El miércoles también relató otro caso: un niño avisó a un maestro que otro estudiante habló de llevar un arma a la escuela, y las autoridades encontraron una pistola en la casa de ese alumno. Según la presidenta, en este y otros casos ya vividos en el país se comprobó que existió comunicación entre los jóvenes a través de plataformas digitales.
José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó la semana pasada que el decreto se centrará en el contenido accesible al público y en su rápida eliminación. Luisa María Alcalde, asesora legal de Sheinbaum, indicó que la medida se basa en una ley vigente que garantiza a la niñez mexicana un acceso seguro a internet y prohíbe el ciberacoso y todas las formas de violencia. Añadió que el gobierno sostuvo dos reuniones con representantes de empresas tecnológicas y que estas no se resistieron, pues entendieron la necesidad de la medida.
Sin embargo, algunos expertos en derechos digitales manifestaron su preocupación por el enfoque oficial. Vladimir Chorny, investigador y experto legal de R3D, un grupo mexicano de derechos digitales, señaló que la ley citada por el gobierno sanciona infracciones, pero no permite la censura, la cual prohíbe la Constitución. Explicó que se requiere una orden judicial para eliminar contenido relacionado con abuso sexual infantil o incitación a la violencia. Para Chorny, una mejor ruta sería aprobar una ley, tras un debate público, que obligue a las empresas a ser más transparentes sobre sus algoritmos y a responder por sus acciones. A su juicio, la respuesta debe construirse de manera colectiva y no puede decretarse. También afirmó que la forma de proteger a niñas, niños y adolescentes es fortalecer su autonomía para distinguir qué contenidos les afectan, y que para ello es necesario atender los diseños adictivos y el modelo de negocio de las grandes plataformas.
