La aprobación de una reforma que extingue al INFO CDMX provocó protestas, abandono del pleno y enfrentamientos físicos entre diputadas durante la sesión del Congreso capitalino.
La confrontación ocurrida durante la sesión del Congreso de la Ciudad de México tuvo como origen la aprobación de una reforma constitucional que elimina al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).
El dictamen, impulsado por Morena y sus aliados, plantea la desaparición del organismo autónomo y el traslado de sus funciones a un órgano desconcentrado sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General. La medida generó un rechazo inmediato por parte de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que acusaron un retroceso en materia de transparencia, rendición de cuentas y autonomía institucional.
La tensión aumentó cuando se incorporó, en el último momento, una reserva para que el nuevo órgano garante quedara integrado por un solo comisionado, en lugar de un cuerpo colegiado, lo que, de acuerdo con la oposición, elimina contrapesos y concentra decisiones clave en una sola figura.
En señal de protesta, los legisladores opositores abandonaron el pleno antes de la votación, que se realizó con 45 votos a favor de Morena y sus aliados. Posteriormente, diputadas del PAN tomaron la tribuna y exhibieron pancartas en defensa de la autonomía del INFO CDMX.
El ambiente de confrontación escaló hasta derivar en empujones, jaloneos y golpes entre legisladoras y legisladores, lo que obligó a suspender momentáneamente la sesión. A pesar de los incidentes, el dictamen fue aprobado en lo general, confirmando la extinción del organismo.
El INFO CDMX, con 19 años de existencia, era el encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en la capital, además de supervisar el cumplimiento de obligaciones de transparencia y resolver recursos de revisión.
La reforma establece un periodo de transición de hasta seis meses y garantiza el respeto a los derechos laborales del personal. Sin embargo, la oposición advierte riesgos como la pérdida de autonomía, debilitamiento de la rendición de cuentas e incertidumbre en la atención de solicitudes ciudadanas.
Desde Morena, se argumenta que la modificación no elimina derechos, sino que busca simplificar estructuras, reducir burocracia y optimizar recursos, en concordancia con la política de austeridad y la reforma federal que extinguió al INAI.
