La reforma al Código Fiscal 2025 permitirá al SAT acceder en tiempo real a datos fiscales de usuarios de apps como Netflix o Uber, lo que ha generado críticas por violar la privacidad.
Una nueva reforma al Código Fiscal de la Federación, aprobada por la Cámara de Diputados, ha despertado preocupación entre especialistas y organizaciones civiles, al permitir que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenga acceso directo y en tiempo real a información fiscal de los usuarios de plataformas digitales como Netflix, Amazon, Uber o Tinder.
La medida, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, forma parte del Paquete Económico 2026 y busca —según el Ejecutivo federal— mejorar la eficiencia recaudatoria y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que operan en servicios digitales.
Sin embargo, expertos y organizaciones como Artículo 19 advirtieron que la disposición abre la puerta a una posible violación a la privacidad digital y al acceso indiscriminado de datos personales.
¿Qué dice la reforma?
El dictamen aprobado por Morena y sus aliados adiciona el artículo 30-B al Código Fiscal, el cual obliga a las plataformas digitales a permitir al SAT el acceso en línea y en tiempo real a sus sistemas de información.
“Los contribuyentes que proporcionen servicios digitales deberán permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”, establece el texto.
El documento también indica que el SAT podrá coordinarse con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para implementar los convenios de colaboración tecnológica necesarios.
De acuerdo con la reforma, el SAT tendrá la facultad de acceder a:
- Registros de transacciones realizadas en las plataformas.
- Historial de facturación y comprobantes de pago.
- Datos de suscripción o consumo con relevancia fiscal.
El gobierno ha asegurado que el acceso se limitará únicamente a datos con fines tributarios; sin embargo, analistas consideran que la redacción del artículo es ambigua y podría permitir un alcance mayor, sin salvaguardas claras sobre el manejo de información personal.
Críticas por posible espionaje y sanciones a las plataformas
Organizaciones defensoras de derechos digitales calificaron la medida como una “interferencia descontrolada” en el derecho a la privacidad. Artículo 19 advirtió que la reforma representa “un acto de molestia sin garantías de debido proceso”, al permitir el monitoreo constante de la actividad de los usuarios sin justificación judicial previa.
Por otro lado, las plataformas digitales que se nieguen a entregar la información requerida podrían ser sancionadas con el bloqueo temporal de sus servicios en territorio mexicano, una medida que, según especialistas, podría afectar tanto a usuarios como a las propias empresas tecnológicas.
La obligación entrará en vigor el 1 de abril de 2026, con un periodo previo de adaptación técnica para las compañías. Antes, el dictamen deberá ser discutido y votado en el Senado, donde aún podría modificarse o rechazarse.
De aprobarse definitivamente, esta reforma marcaría un precedente en la relación entre el Estado y los servicios digitales, fortaleciendo el control fiscal pero generando preocupaciones sobre la vigilancia y la seguridad de los datos personales.
El debate continúa abierto entre quienes defienden la necesidad de mayor transparencia tributaria y quienes consideran que el SAT podría invadir la vida digital de los usuarios sin supervisión judicial ni límites claros.
