El gobierno implementa el registro obligatorio de líneas para frenar la extorsión, aunque persisten retos como el mercado negro de SIM y la desconfianza ciudadana hacia la seguridad de sus datos personales.
El gobierno mexicano implementó una nueva medida para eliminar el anonimato en las líneas celulares con el objetivo principal de combatir la extorsión telefónica. La disposición establece que cada número debe quedar vinculado formalmente a una persona antes del próximo 30 de junio, fecha tras la cual se desconectarán todas las cuentas sin registrar.
A pesar de los esfuerzos oficiales, una investigación reciente reveló que en el mercado negro es posible adquirir tarjetas SIM ya activadas bajo identidades ajenas mediante trámites rápidos y económicos. Este fenómeno evidencia que el proceso de alta elude fácilmente los controles establecidos por las autoridades.
El método de validación oficial requiere documentos de identidad y una identificación biométrica por video. Sin embargo, se ha comprobado que los sistemas de seguridad actuales son vulnerables y pueden ser engañados con herramientas tecnológicas como rostros sintéticos generados por inteligencia artificial.
Esta situación genera temor entre la población respecto al uso y resguardo de sus datos personales, un fantasma que recuerda filtraciones de bases de datos ocurridas en el pasado. La desconfianza ciudadana ha provocado que millones de usuarios de prepago prefieran abandonar sus líneas antes que proporcionar su información.
Como consecuencia directa de esta reticencia, las principales compañías de telecomunicaciones en el país han reportado una disminución masiva en su volumen de usuarios activos. A pocas semanas de cumplirse el plazo límite, el porcentaje de líneas registradas sigue estando muy por debajo de la meta gubernamental prevista.
