Ernesto Ruffo Appel recibió prisión preventiva por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, mientras un juez define si será vinculado a proceso.
Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es investigado por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal y al contrabando de hidrocarburos, actividades que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), habrían ocasionado un daño superior a los 4 mil millones de pesos al erario.
La autoridad ministerial le atribuye los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Según las investigaciones, el esquema consistía en declarar ante las autoridades aduaneras cantidades menores de combustible a las realmente importadas o registrar los cargamentos como mercancías distintas para evadir el pago de impuestos.
La FGR sostiene que estas prácticas provocan importantes pérdidas para la hacienda pública y representan una fuente de financiamiento para actividades delictivas. No obstante, la institución no dio a conocer mayores detalles sobre el operativo de captura ni sobre la organización presuntamente favorecida por estas operaciones.
La audiencia inicial comenzó la noche del viernes 17 de julio y concluyó durante la madrugada del domingo, luego de diversos recesos. El procedimiento se desarrolló mediante videoconferencia entre las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la Ciudad de México, y el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
Durante la diligencia, la defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez amplió de 72 a 144 horas el plazo para resolver si será vinculado a proceso. Mientras tanto, Ernesto Ruffo permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, «El Altiplano», como medida cautelar.
Los primeros recesos de la audiencia se debieron a que la defensa no había recibido el expediente de investigación y posteriormente se registraron problemas técnicos para enlazar a los abogados de los ocho imputados que comparecieron.
La imputación formal inició alrededor de las 10:00 de la noche del viernes, con más de tres horas de retraso. La Fiscalía recordó que Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición al PRI en la historia de México, fue detenido el 16 de julio en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Posteriormente fue trasladado a instalaciones de la FGR en Tijuana y después a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de la FEMDO.
De acuerdo con información difundida por diversos medios, la defensa promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Ensenada, bajo el expediente 764/2026, en el que denunció una presunta privación ilegal de la libertad, incomunicación y posibles actos de tortura o malos tratos. Asimismo, la hija del exgobernador señaló desde el 17 de julio que desconocía información oficial sobre la situación jurídica de su padre.
Junto con Ruffo comparecieron otros siete imputados: Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales, Adriana Magali Bárcenas Guillén, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.
El juez determinó que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales continúen el proceso en prisión domiciliaria debido a su estado de salud, mientras que Adriana «N» fue internada en el Centro Penitenciario Nezahualcóyotl Sur.
Durante las investigaciones, la fiscal general Ernestina Godoy informó que la empresa Ingemar, fundada por Ernesto Ruffo, presuntamente declaraba ante las aduanas alrededor de 10 mil litros de combustible por carro tanque, cuando en realidad transportaba hasta 110 mil litros. Además, registraba los cargamentos como productos distintos para evitar reportar que se trataba de hidrocarburos.
Las indagatorias señalan que el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas y posteriormente era distribuido en Coahuila, Durango y Zacatecas.
La FGR documentó 162 carros tanque involucrados y 4 mil 238 operaciones irregulares de importación realizadas entre enero y julio de 2025. Solo una parte de estas operaciones habría generado una evasión de más de 106 millones de pesos en el pago de IVA e IEPS, mientras que el daño total estimado supera los 4 mil millones de pesos.
Las autoridades también detectaron movimientos financieros superiores a 3 mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, utilizando un esquema de cuentas puente para transferir recursos a empresas en el extranjero.
Como parte de la investigación, la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la red. Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas y permanecen pendientes de cumplimentarse otras 17 órdenes judiciales.
