Más de 50 empresas petroleras en Campeche enfrentan embargos del SAT debido a impagos de Pemex; la diputada Rocío Abreu pidió intervención urgente a Hacienda para evitar su colapso.
En el estado de Campeche, más de 50 empresas proveedoras del sector petrolero se encuentran al borde del colapso financiero tras haber sido objeto de embargos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a pesar de que su crisis económica deriva de adeudos millonarios no saldados por Petróleos Mexicanos (Pemex).
La diputada federal Rocío Abreu Artiñano, representante de Campeche por Morena y presidenta de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, entregó un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitando la intervención urgente de las autoridades para resolver esta situación crítica. El medio Expansión tuvo acceso al documento que detalla la solicitud formal.
Según la legisladora, la situación se ha convertido en un “círculo vicioso”: Pemex no liquida los servicios prestados, lo cual impide que las empresas puedan cumplir con el pago a sus trabajadores o proveedores. Ahora, con la intervención del SAT, sus cuentas bancarias han quedado completamente congeladas, imposibilitando cualquier operación financiera.
“La situación —que requiere atención inmediata— involucra a más de 50 empresas del sector petrolero en Campeche. En muchos casos, Pemex mantiene adeudos que superan el año, y al mismo tiempo, el SAT ha intervenido sus cuentas bancarias, dejándolas completamente congeladas”, advierte el exhorto firmado por Abreu.
La diputada también reveló que ha buscado desde diciembre de 2024 reunirse con el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, sin haber recibido respuesta alguna. Por ello, hizo un nuevo llamado directo a la Secretaría de Hacienda, solicitando que se tomen medidas urgentes para evitar el colapso total de empresas que generan empleo y sostienen la actividad económica en el sector energético de la región.
Hasta ahora, ni Pemex ni el SAT han ofrecido declaraciones públicas sobre la situación de estas empresas, que se ven atrapadas entre la falta de pagos del principal cliente del país y la acción fiscal que impide su operatividad.
