El SAT y la ANAM alertaron que el 68% de los agentes aduanales operan en riesgo de corrupción, y más de 100 han aceptado sobornos. Hay más de 7 mil investigaciones activas.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) advirtieron que un amplio porcentaje de los agentes aduanales en el país se encuentran en condiciones propensas a la corrupción. De acuerdo con cifras oficiales, el 68% de los agentes aduanales opera bajo riesgo de prácticas indebidas, y al menos 100 de ellos han sido identificados por haber aceptado sobornos o incurrido en actos de corrupción.
Actualmente, hay más de 900 agentes aduanales activos en las 50 aduanas del país, encargados de revisar y facilitar el ingreso de mercancías a territorio nacional. No obstante, estos funcionarios también se ven expuestos a prácticas de contrabando y manipulación de procesos fiscales.
Uno de los casos más graves es el del llamado “huachicol fiscal”. Según informó Alex Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la ANAM, menos de 30 agentes aduanales controlaban una red nacional de contrabando de hidrocarburos, lo que demuestra la magnitud del problema.
A la fecha, se tienen abiertas 7 mil 707 carpetas de investigación, con 818 personas detenidas, 326 vinculadas a proceso y 78 sentenciadas, relacionadas con delitos en el ámbito aduanero.
Durante una comparecencia ante el Senado, Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM, explicó que uno de los ejes para combatir esta situación será la trazabilidad de combustibles, lo que permitirá seguir cada litro de gasolina importado desde su ingreso por aduanas hasta su venta al consumidor final.
Ante la preocupación de algunos legisladores sobre la carga de responsabilidades que se impone a los agentes aduanales con estas nuevas medidas, Marín aclaró que se busca que puedan organizarse por ramas de producción o servicios, a fin de evitar la saturación en sus funciones.
Además, destacó que las nuevas sanciones podrán alcanzar hasta un 300% más que las anteriores, con el objetivo de inhibir las prácticas ilegales y establecer un marco más estricto de control sobre las importaciones.
Estas acciones forman parte de un esfuerzo institucional para combatir la corrupción en el sistema aduanero, fortalecer la legalidad en el comercio exterior y cerrar el paso a prácticas que afectan tanto a la economía como a la seguridad nacional.
