Senado aprueba reforma constitucional para crear ley general contra la extorsión, con 106 votos a favor. La medida busca unificar criterios y cerrar vacíos legales.
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al Artículo 73 Constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una ley general en materia de extorsión. Con 106 votos a favor, la minuta fue enviada a los congresos estatales, donde se prevé una rápida aprobación.
El dictamen fue presentado por el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien señaló que esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum busca homologar criterios, cerrar vacíos legales y garantizar la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión.
Durante la discusión, senadores de todas las fuerzas políticas denunciaron las distintas modalidades de este delito en sus estados. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, lo calificó como “un flagelo cotidiano que amenaza la paz pública, el patrimonio y la integridad de millones de mexicanos”.
Las cifras respaldan esta preocupación. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión aumentó 57 % en seis años. El Inegi informó que en 2023 fue el delito más frecuente contra unidades económicas, con pérdidas superiores a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51 % del PIB.
Actualmente, las sanciones varían según el estado: mientras en Chihuahua la pena alcanza los 30 años de cárcel, en Oaxaca apenas llega a tres años. Esta disparidad genera márgenes de impunidad, por lo que con la nueva ley general se definirán tipo penal, agravantes, delitos vinculados y sanciones uniformes en todo el país.
Desde la oposición, la senadora Verónica Rodríguez (PAN) subrayó que aún faltan las leyes secundarias y la acción efectiva del gobierno para enfrentar el problema. Recordó que en el primer semestre de este año se registraron 5,887 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde que existen registros.
Por su parte, la senadora Araceli Saucedo (Morena) señaló que los productores agrícolas, como los de aguacate y limón, enfrentan extorsiones sistemáticas, mientras que la priista Claudia Anaya denunció la existencia de un sindicato en Zacatecas dedicado al cobro de piso.
La reforma busca responder a un delito que “padece todo México”, adaptado incluso a las nuevas tecnologías y ejercido bajo un alto nivel de impunidad, debido al miedo de las víctimas y la desconfianza hacia autoridades y fiscalías.
