La presidenta Sheinbaum afirma una baja en homicidios dolosos, pero cifras oficiales de otros delitos y especialistas señalan que la violencia en México sigue en niveles altos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el pasado 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México que su estrategia de seguridad ha logrado una reducción significativa en las cifras de homicidios dolosos en el país. Esta declaración, realizada al conmemorar su primer año de mandato iniciado el 1 de octubre de 2024, se sostiene en pilares como la atención a las causas sociales, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y el incremento en las tareas de inteligencia.
Sin embargo, el optimismo expresado por la mandataria se ha visto confrontado por recientes sucesos de alto impacto. Entre ellos destacan los asesinatos de figuras públicas, como el líder limonero Bernardo Bravo Manríquez en Apatzingán y el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La violencia en Michoacán llevó a la propia Sheinbaum a anunciar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla el despliegue de más elementos militares y una inversión considerable para contener la inseguridad. A esto se suman las recurrentes imágenes de pueblos abandonados por temor a grupos criminales en los límites de Michoacán y Jalisco, además de los constantes tiroteos reportados en Sinaloa desde mediados del año anterior.
Homicidios: Reducción con Reservas
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) parecen respaldar parcialmente la postura del Gobierno. En el primer año de Sheinbaum (12 meses), se registraron 25,712 homicidios en el país, lo que representa una disminución del $25.97\%$ en comparación con los 34,732 contabilizados durante el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
No obstante, esta reducción es vista con escepticismo por expertos. Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), aconsejó a CNN que las cifras deben tomarse con reserva, ya que se basan en reportes de fiscalías estatales que podrían incurrir en errores, generando un subregistro. En agosto, el especialista Ernesto López Portillo se sumó a este señalamiento. Sánchez argumentó que una prueba de esta inconsistencia es la disparidad histórica entre los datos del SESNSP y los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se basan en certificados de defunción y suelen ser más altos. Como ejemplo, la experta citó que en 2024 el SESNSP registró 30,060 homicidios, mientras que el Inegi reportó 33,241. CNN buscó a la Secretaría de Seguridad federal para abordar estas discrepancias, pero al momento de la publicación no se había obtenido respuesta.
La Violencia Desigual y Localizada
Las propias estadísticas del SESNSP revelan que la disminución de los homicidios no ha sido uniforme en el país. En ocho entidades federativas se observó un aumento considerable. El caso más dramático es Sinaloa, donde se registraron 1,815 homicidios en el primer año de Sheinbaum, un incremento del $102.79\%$ frente a los 895 del primer año de López Obrador. Analistas atribuyen este incremento a una escalada de enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 en Estados Unidos.
Otras entidades con aumentos porcentuales en homicidios fueron: Aguascalientes ($9.1\%$), Baja California Sur ($43\%$), Campeche ($60.52\%$), Morelos ($14.70\%$), Nayarit ($14.13\%$), Tabasco ($18.19\%$) y Yucatán ($16.12\%$). En contraste, otras 24 entidades reportaron bajas, alcanzando hasta el $72.17\%$ en Tamaulipas.
Marisol Ochoa Elizondo, profesora de la Universidad Iberoamericana (UIA) especializada en violencia, señaló que la pregunta clave es si «El número refleja la realidad del país en términos de las violencias», concluyendo que es necesario analizar las «localidades que presentan ciertas formas de descomposición más continuas que otras”.
Extorsión y Desapariciones: Indicadores Críticos
Además de los homicidios, existen otros indicadores que alertan sobre los altos niveles de violencia. Uno de ellos es el número de desapariciones, con más de 133,000 personas en esta situación a nivel nacional (contabilizadas desde 2005), de las cuales más de 29,000 corresponden a este año. Sánchez, de MUCD, enfatizó la necesidad de incluir estas cifras, presumiendo que un porcentaje de los desaparecidos puede haber sido víctima de homicidio, para dimensionar la problemática. En abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abrió un proceso urgente, aunque el Gobierno de México rechazó que el problema estuviera generalizado.
El delito de extorsión es reconocido incluso por el Gobierno como un delito al alza. El SESNSP documentó 11,290 víctimas de extorsión en el primer año de Sheinbaum, lo que representa un aumento del $26.07\%$ respecto a las 8,955 víctimas del primer año de López Obrador. Ante esto, la presidenta lanzó en julio una estrategia específica y propuso una nueva ley, ya aprobada por la Cámara de Diputados, que busca establecer penas de hasta 25 años de prisión.
Ochoa Elizondo, de la UIA, sostuvo que la expansión de la extorsión evidencia la «vulnerabilidad institucional» en muchas localidades, afectando el desarrollo económico y la calidad de vida. La experta citó el caso de Uruapan, Michoacán (con gran actividad agrícola) y el asesinato de su alcalde tras denunciar la operación criminal, como un claro ejemplo de cómo la extorsión se ha convertido en un «monopolio de economías legales» que financia a la delincuencia.
Finalmente, la percepción de inseguridad entre los mexicanos ha aumentado. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi reportó que en septiembre el $63\%$ de la población se sentía insegura en su ciudad, un aumento respecto al $58.6\%$ de septiembre de 2024. Ochoa Elizondo urgió al Gobierno a adoptar «un espíritu muy autocrítico» y a diferenciar las estrategias de seguridad por región, dejando de lado planes homogeneizados para obtener mejores resultados en los años restantes de la administración.
