El gobierno federal presentó un plan para homologar el delito de abuso sexual en México, agilizar denuncias y fortalecer la protección jurídica y preventiva con enfoque de género en todo el país.
El gobierno federal informó que el delito de abuso sexual no se encuentra tipificado de manera homologada en México, lo que genera diferencias significativas en la forma en que se sanciona en cada entidad. Según la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, actualmente 19 estados cuentan con criterios amplios y agravantes sólidos, mientras que en nueve el tipo penal carece de fortaleza suficiente y en cuatro ni siquiera existe una definición clara que establezca qué constituye abuso sexual. Esta situación fue expuesta durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se presentó un plan integral orientado a fortalecer la atención, denuncia y procuración de justicia para las mujeres, además de impulsar un cambio cultural que elimine la normalización de la violencia de género.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, señaló que uno de los ejes principales del proyecto es establecer el abuso sexual como delito grave y lograr que sea sancionado de manera uniforme en todas las entidades federativas. También subrayó que el objetivo es agilizar los procesos de denuncia y facilitar que las víctimas puedan reportar los hechos sin enfrentar obstáculos burocráticos. “La presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles y que las mujeres puedan denunciar de manera más rápida”, afirmó.
Hernández explicó que, conforme al artículo 260 del Código Penal Federal, el abuso sexual incluye acciones como tocamientos obscenos, obligar a presenciar actos sexuales o exponer el cuerpo de la víctima. Estas conductas se castigan con penas que van de seis a diez años de prisión, además de multas de hasta 200 días. Las sanciones aumentan cuando existe violencia física o cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Para el gobierno federal, la falta de uniformidad en los códigos penales estatales limita la capacidad de garantizar justicia y protección igualitaria a las mujeres sin importar el estado donde residan.
Con ese propósito, la administración trabaja en conjunto con los congresos locales y el Congreso de la Unión para armonizar el marco jurídico. El próximo 13 de noviembre se llevará a cabo una reunión con las presidentas de las Comisiones de Género de los congresos estatales con el fin de avanzar en esta homologación del tipo penal. La estrategia también contempla campañas de sensibilización dirigidas a mujeres y hombres para promover la denuncia, erradicar conductas machistas y fortalecer la conciencia social sobre la violencia sexual.
Además, se incluirán programas de capacitación con perspectiva de género para ministerios públicos, jueces y fiscales, con el propósito de mejorar la atención a víctimas y garantizar procesos más justos. Parte esencial del plan es la implementación de protocolos para prevenir y atender casos de acoso y abuso sexual en el transporte público, un espacio donde las denuncias han aumentado en los últimos años.
La secretaria Citlalli Hernández destacó que el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentarán los primeros avances de esta estrategia nacional. Este seguimiento permitirá evaluar el progreso logrado en materia de denuncia, armonización legislativa y acciones preventivas.
Por su parte, Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, informó que desde mayo fueron publicados lineamientos para erradicar el abuso sexual en las escuelas del país. Se trabaja actualmente en la armonización de estas disposiciones en las 32 entidades, y aseguró que la perspectiva de género y la prevención de la violencia ya forman parte de los contenidos curriculares de la educación básica. Señaló que esta integración educativa es fundamental para atender la problemática desde edades tempranas y contribuir a un cambio cultural de largo plazo.
El gobierno federal sostiene que este plan integral representa un paso decisivo para garantizar que las mujeres tengan una protección jurídica uniforme y eficaz frente al abuso sexual, y busca sentar las bases de un entorno institucional más sensible, rápido y eficiente en el tratamiento de estas denuncias.
