Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para establecer nacionalidad única como requisito para presidentes, gobernadores y titulares del Poder Ejecutivo de Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este 30 de agosto a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que propone establecer la nacionalidad única como requisito para ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo en México.
La propuesta busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de impedir que quienes encabecen el Poder Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales o el Gobierno de la Ciudad de México mantengan una segunda nacionalidad.
La recepción del documento fue confirmada por la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quien informó a través de su cuenta en X que la iniciativa había sido recibida y turnada formalmente para su análisis y dictamen en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo Federal, la reforma establecería que las personas que aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la titularidad del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México no puedan contar con doble nacionalidad.
La propuesta contempla de esta manera a la Presidenta o Presidente de México, a las gobernadoras y gobernadores de las entidades federativas y a quienes encabecen el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.
El argumento central de la iniciativa es evitar posibles conflictos de interés derivados de que una persona encargada de ejercer el máximo nivel de autoridad ejecutiva en México mantenga vínculos jurídicos de nacionalidad con otro país.
Según el documento, establecer la nacionalidad única permitiría garantizar que quienes ejerzan estas responsabilidades mantengan una lealtad institucional plena hacia México y evitar situaciones que pudieran generar conflictos de interés con gobiernos extranjeros.
La iniciativa fue presentada con la firma autógrafa de la presidenta Claudia Sheinbaum y remitida a la Cámara de Diputados mediante un oficio firmado por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación.
El envío del documento se realizó a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, encabezada por el director general Benito Báez Suárez.
Como parte del procedimiento administrativo correspondiente a una propuesta de esta naturaleza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió previamente su dictamen de impacto presupuestario, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La documentación remitida al Congreso también señala como fundamentos jurídicos el artículo 71, fracción I, de la Constitución, que establece la facultad del Ejecutivo Federal para presentar iniciativas; el artículo 78, fracción III, relacionado con las atribuciones de la Comisión Permanente, y el artículo 27, fracciones III y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con la recepción de la propuesta, la iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, donde deberá comenzar el análisis correspondiente. Las comisiones legislativas tendrán que revisar su contenido y, posteriormente, elaborar el dictamen que determine si la propuesta puede avanzar dentro del proceso legislativo.
Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa deberá cumplir con un procedimiento distinto al de una modificación legal ordinaria. Su eventual aprobación requiere la discusión y votación en el Congreso de la Unión y, posteriormente, la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, conforme al procedimiento previsto para modificar la Carta Magna.
Hasta este 30 de agosto no se ha establecido una fecha límite para que la Cámara de Diputados emita el dictamen correspondiente. Por ello, se prevé que durante los próximos días las comisiones competentes comiencen con la revisión formal del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.
La propuesta ocurre después de que el debate sobre la doble nacionalidad de quienes buscan ocupar cargos de elección popular cobrara relevancia en las últimas semanas. El planteamiento de nacionalidad única pretende establecer desde la Constitución una condición adicional para quienes aspiren a dirigir el Poder Ejecutivo a nivel federal o local.
En caso de que la iniciativa avance y sea aprobada conforme al procedimiento constitucional, las nuevas disposiciones establecerían un requisito de nacionalidad única para quienes busquen llegar a estos cargos. Sin embargo, por ahora se trata únicamente de una propuesta y todavía debe completar todas las etapas del proceso legislativo antes de convertirse en una reforma constitucional vigente.
