Sheinbaum afirmó que México actuará contra Rocha Moya si la FGR recibe pruebas contundentes de EU, pero advirtió que sin evidencia clara las acusaciones serán consideradas de carácter político.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó la palabra este miércoles desde Palacio Nacional para fijar la postura oficial del gobierno mexicano ante las acusaciones formales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de esa entidad por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La mandataria fue directa al establecer dos condiciones que marcarán la respuesta del Estado mexicano. La primera: si la Fiscalía General de la República (FGR) recibe de parte de las autoridades estadounidenses pruebas contundentes e irrefutables, México procederá en consecuencia contra los señalados. La segunda, igualmente clara: si esas pruebas no llegan o no son suficientes, el gobierno federal considerará que el objetivo de las imputaciones es político, no jurídico.
«Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político», afirmó Sheinbaum ante los medios. La presidenta cerró su mensaje con una advertencia que resume el eje central de su postura: «Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición.»
Las acusaciones formales, presentadas ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, señalan a Rocha Moya y a los funcionarios sinaloenses de colaborar en la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como de proporcionar protección e información confidencial a Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Entre los acusados figuran altos mandos de las fuerzas de seguridad estatales y el alcalde de Culiacán.
El documento señala además que Rocha Moya habría recibido apoyo del cártel para resultar electo en 2021, mediante intimidaciones y presiones sobre sus rivales electorales, y que participó en reuniones directas con líderes de la organización criminal para coordinar su protección a cambio de facilitar las operaciones de tráfico de drogas.
Con su declaración, Sheinbaum busca equilibrar dos frentes que difícilmente pueden ignorarse al mismo tiempo: la exigencia de justicia interna ante señalamientos de corrupción a gran escala, y la defensa de la soberanía nacional frente a lo que el gobierno mexicano describe como una posible instrumentalización política de los sistemas judiciales estadounidenses. La postura deja abierta la puerta a la acción legal, pero pone en manos de la FGR y de la calidad de las pruebas que entregue Washington la decisión final sobre el futuro del gobernador de Sinaloa.
