Claudia Sheinbaum confirmó que está en proceso la solicitud de extradición de empresarios estadounidenses vinculados al huachicol fiscal, entre ellos la familia Jensen; la FGR encabeza la investigación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se encuentra en proceso la solicitud de extradición de empresarios estadounidenses presuntamente involucrados en el esquema conocido como huachicol fiscal, relacionado con la introducción de combustible a territorio nacional sin el pago correspondiente de impuestos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que estos empresarios participaban en la importación irregular de combustible hacia México, evadiendo contribuciones fiscales en aduanas. Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de proporcionar detalles sobre la investigación, en el marco legal correspondiente.
“Sí, son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México, y hay solicitud de extradición de algunos empresarios, y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que así se puede, en el marco de la investigación”, declaró la presidenta ante medios de comunicación.
Ante cuestionamientos sobre la cooperación con Estados Unidos, país donde también existen investigaciones abiertas, Sheinbaum indicó que el trabajo se realiza conforme a los mecanismos institucionales, aunque reiteró que corresponde a la FGR informar sobre avances específicos.
La mandataria confirmó que entre los empresarios señalados se encuentra la familia Jensen. De acuerdo con antecedentes del caso, los Jensen introdujeron desde México hacia Estados Unidos 2 mil 881 cargamentos de petróleo crudo de manera ilícita durante un periodo de tres años. Para evadir impuestos en la aduana fronteriza, el hidrocarburo era declarado como otro tipo de sustancia.
Las operaciones ilegales habrían generado ganancias estimadas en 300 millones de dólares. Según reportes previos, la red recibió apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que presuntamente pagaban una contraprestación para facilitar la operación.
El esquema fue identificado como huachicol fiscal, modalidad que implica la evasión de impuestos mediante el contrabando o la alteración en la declaración del combustible transportado. Tradicionalmente, el tráfico de hidrocarburos sigue la ruta de norte a sur, desde refinerías de Estados Unidos —especialmente en Texas— hacia México. Sin embargo, en este caso la dinámica se invirtió, permitiendo a la red obtener ganancias ilícitas hasta su desarticulación en abril pasado por autoridades estadounidenses.
En otro tema abordado durante la conferencia, se cuestionó a la presidenta sobre audios difundidos recientemente respecto a una presunta reunión entre el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el contraalmirante Fernando Guerrero. Sheinbaum respondió que no existe ninguna línea de investigación en contra del exfuncionario.
Precisó que la indagatoria en curso está centrada en el huachicol fiscal y el contrabando de combustible. Indicó que ya se han realizado detenciones, incluidas algunas de integrantes de la Marina que fueron denunciadas en su momento por el propio almirante, y que el proceso continúa bajo conducción de la FGR.
Como parte de las acciones para combatir el huachicol fiscal, la presidenta recordó que actualmente las pipas que transportan combustible deben portar un código QR visible, emitido por la Secretaría de Energía. Este código permite verificar, mediante su lectura, el origen y destino del hidrocarburo, garantizando su legalidad.
Explicó que, en caso de que una unidad no cuente con el QR correspondiente, puede ser detenida para acreditar la procedencia del combustible. De no comprobarse su legalidad, se da aviso a la Fiscalía y el vehículo puede ser asegurado.
Sheinbaum señaló que esta medida ha contribuido a reducir significativamente el transporte ilegal de combustible, al establecer un sistema de trazabilidad que identifica quién adquirió el producto, quién lo transporta y cuál es su destino. En estas acciones participan el SAT, la Secretaría de Energía, Aduanas y Pemex, en coordinación con instancias del sector energético.
La presidenta reiteró que el combate al huachicol fiscal continúa como una prioridad del gobierno federal y que será la FGR la encargada de informar sobre los avances en las solicitudes de extradición y las investigaciones en curso.
