Claudia Sheinbaum afirmó que México no tiene obligación legal de vigilar a los acusados por Estados Unidos en el caso Sinaloa y sostuvo que cualquier acción requiere sustento jurídico y pruebas suficientes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó durante la conferencia matutina que el gobierno federal no tiene obligación jurídica de realizar vigilancia especial sobre las personas señaladas por autoridades estadounidenses en el denominado caso Sinaloa.
La mandataria respondió a cuestionamientos sobre el paradero de los implicados que permanecen en territorio nacional y sostuvo que actualmente no existe un marco legal que obligue a las autoridades mexicanas a mantener seguimiento específico sobre ellos.
“No hay, digamos, nada legal que nos obligue a tener una vigilancia particular sobre alguna de las otras personas”, expresó durante La Mañanera.
El posicionamiento ocurre en un escenario de creciente presión desde Estados Unidos, luego de declaraciones del administrador de la DEA, Terry Cole, quien señaló ante el Senado estadounidense que la investigación relacionada con Sinaloa apenas representa el inicio de nuevas acciones.
Dentro del expediente destacan las entregas voluntarias de dos exfuncionarios sinaloenses: Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ambos acusados por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con estructuras criminales.
De acuerdo con la información difundida, Mérida Sánchez cruzó hacia Estados Unidos por la garita de Nogales y quedó bajo custodia federal, mientras que Díaz Vega realizó su entrega desde Europa.
Sheinbaum indicó que ambas decisiones fueron personales y negó participación del gobierno mexicano en esos procesos.
El caso deriva de una acusación presentada por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, quienes señalan a diez personas de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa y favorecer operaciones relacionadas con tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Tras analizar la solicitud de detención provisional con fines de extradición, la Fiscalía General de la República concluyó que no existían elementos suficientes para ejecutar medidas inmediatas bajo el tratado bilateral vigente.
La presidenta también confirmó que Rubén Rocha Moya continúa contando con protección de la Guardia Nacional, aunque aclaró que dichos esquemas son evaluados por instancias de seguridad y no dependen directamente de la Presidencia.
Respecto al senador Enrique Inzunza, mencionado dentro del mismo expediente, la mandataria dijo desconocer si cuenta con medidas similares.
Además, explicó que la principal presión internacional sobre los señalados deriva de la emisión de fichas rojas de Interpol, las cuales permitirían detenciones en terceros países si abandonan territorio mexicano.
El gobierno federal reiteró que su postura continúa siendo actuar únicamente cuando existan elementos jurídicos suficientes que respalden cualquier intervención.
