El gobernador de Río de Janeiro defendió el megaoperativo policial que dejó más de 130 muertos, afirmando que sólo hubo cuatro víctimas reales y los demás eran criminales.
La ciudad de Río de Janeiro, Brasil, vivió uno de los episodios más violentos de su historia reciente tras un megaoperativo policial que dejó al menos 132 personas muertas, en su mayoría presuntos integrantes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
El despliegue, que inició la mañana del 28 de octubre y se extendió hasta la madrugada del día siguiente, involucró a más de 2,500 agentes de policía, helicópteros y vehículos blindados. Los enfrentamientos se concentraron principalmente en las favelas de Penha y Alemão, donde vecinos reportaron una noche de caos y tiroteos constantes.
De acuerdo con la Defensoría Pública de Brasil, se trata de la operación más letal en la historia de Río de Janeiro, calificándola como una muestra de “violencia estatal nunca antes vista”. Organizaciones de derechos humanos han exigido una investigación independiente sobre las muertes, señalando que entre las víctimas podría haber civiles que no participaban en los enfrentamientos.
Pese a las críticas, el gobernador Cláudio Castro defendió públicamente la acción y minimizó el número de víctimas civiles. “Las únicas víctimas de ayer fueron esos cuatro agentes de policía”, declaró durante una rueda de prensa, insistiendo en que el resto de los fallecidos eran “criminales peligrosos” vinculados al Comando Vermelho.
Castro aseguró que no se retractará de su decisión de ordenar el operativo, argumentando que era necesario “recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad” en las zonas dominadas por el crimen organizado.
Sin embargo, el tono de sus declaraciones ha generado una ola de indignación entre activistas, familiares de las víctimas y miembros de la sociedad civil, quienes consideran que la postura del gobierno deshumaniza a las personas fallecidas y evidencia la falta de protocolos adecuados en los operativos policiales de Brasil.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza en las favelas y el impacto de la llamada “narcoguerra” brasileña, un conflicto que sigue cobrándose cientos de vidas cada año.
