México registró 148 feminicidios en el primer trimestre de 2026, con Sinaloa, Chiapas y la CDMX a la cabeza. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una ley que unifica la definición del delito y establece penas de hasta 70 años de prisión.
México cerró el primer trimestre de 2026 con 148 feminicidios registrados a nivel nacional, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 31 de marzo. El 46.6 por ciento de los casos se concentran en seis estados: Sinaloa encabeza la lista con 15 casos, seguido de Chiapas con 13, la Ciudad de México y el Estado de México con 11 cada uno, Sonora con 10 y Veracruz con nueve. Chihuahua suma ocho casos en el periodo, con Juárez y Cuauhtémoc entre los municipios del estado con más registros, con tres y dos casos respectivamente.
A nivel municipal, Culiacán, Sinaloa, es el punto de mayor concentración con 12 casos, seguido de Reynosa y Venustiano Carranza con cuatro cada uno. En total, 118 de las 148 víctimas eran mujeres mayores de 18 años. El desglose por edades revela que nueve víctimas eran menores de 12 años y cinco tenían entre 13 y 17 años, mientras que nueve eran adultas mayores y de 16 casos no se cuenta con información sobre la edad. Las cifras evidencian que ningún grupo etario está exento de esta violencia.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y actualmente en discusión en los congresos estatales. La iniciativa contempla penas de 40 a 70 años de prisión y multas de mil a dos mil UMAS para quienes cometan feminicidio, además de establecer que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como tal desde la apertura de la carpeta, con perspectiva de género.
Entre los elementos clave de la ley destacan la consideración de violencia sexual, agresiones motivadas por estereotipos, antecedentes de violencia y la condición de vulnerabilidad de la víctima como factores para tipificar el delito. Las penas se incrementan hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a grupos vulnerables, sea periodista, defensora de derechos o migrante, o si se emplearon sustancias como ácido. El responsable perderá derechos de patria potestad, herencia e inhabilitación para cargos públicos, sin acceso a libertad anticipada ni amnistía.
La aprobación de esta ley representa un avance relevante en el combate a la violencia feminicida, aunque las cifras del primer trimestre dejan claro que el desafío sigue siendo enorme. Si tú o alguien cercana están en una situación de violencia, pueden llamar a la Línea de la Mujer al 800 911 2511, disponible las 24 horas del día.
