Chiapas y Guerrero duplican el promedio nacional en embarazos infantiles; cada día, 22 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres en México, revelan cifras de 2024.
Durante 2024, México registró un promedio de 22 nacimientos diarios de niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años de edad, lo que suma un total de 7 mil 975 casos en todo el año, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud. El fenómeno, ampliamente relacionado con violencia sexual infantil, pone en evidencia una crisis de derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a las entidades más vulnerables.
Un análisis independiente realizado por la investigadora Montserrat Mora, basado en bases de datos gubernamentales, revela que cinco estados concentraron el 40% de estos nacimientos: Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco. Entre todos sumaron 3 mil 208 casos de niñas que se convirtieron en madres siendo aún menores de edad.
En la revisión por edades, los datos son aún más alarmantes: tres partos fueron de niñas de apenas 10 años; 32 de niñas de 11; 195 de 12; mil 422 de 13 y 6 mil 323 de 14 años. Las entidades con menos registros fueron Colima y Baja California Sur, con 33 y 50 casos respectivamente.
Al calcular la tasa proporcional de nacimientos por cada 10 mil niñas, el informe sitúa a Chiapas con 28.3 casos y a Guerrero con 24, más del doble del promedio nacional de 14.6. Le siguen Campeche (20.6), Chihuahua (20) y Oaxaca (19.3), estados marcados por altos niveles de marginación y brechas de desigualdad.
Pero más allá del número de partos, los datos revelan un panorama inquietante respecto a las edades de los padres. En al menos 30 partos de niñas entre 10 y 12 años, sus parejas tenían entre 13 y 65 años. En solo siete casos los hombres eran también menores de edad; el resto eran adultos o adultos mayores, lo que sugiere la comisión de delitos sexuales graves.
Uno de los casos más impactantes ocurrió en El Oro, Estado de México, donde una niña de 12 años dio a luz a un hijo de un hombre de 65. En Texcoco, otra menor de solo 10 años quedó embarazada de un adulto de 32. Estos casos, documentados por la investigadora en redes sociales, muestran la urgente necesidad de una respuesta estatal efectiva.
Organizaciones como Reinserta, especializada en infancia y justicia penal, han insistido en que cada embarazo infantil debe ser investigado como violencia sexual. Además de exigir sanciones, han propuesto una Ruta Nacional de Atención Integral que asegure acompañamiento médico, psicológico y jurídico para las víctimas.
Esta ruta también obligaría a que escuelas, hospitales y oficinas del registro civil activen protocolos al detectar un embarazo infantil, como medida preventiva y de protección.
Pese a la gravedad de las cifras, las instituciones públicas han mostrado una respuesta limitada ante el fenómeno. La persistencia de estos casos en zonas rurales, marginadas y con alta presencia indígena, muestra la debilidad de los mecanismos de prevención, así como la falta de garantías para que las niñas vivan una infancia libre de violencia y explotación sexual.
El embarazo infantil en México, además de ser una emergencia de salud pública, representa una de las formas más crueles de violencia de género, marcada por la impunidad, la desigualdad y el abandono institucional.
