La FGR destituyó a Rosendo Gómez Piedra como fiscal del caso Ayotzinapa, tras denuncias internas y exigencias reiteradas de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Rosendo Gómez Piedra fue removido oficialmente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala (UEILCA), organismo encargado de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tras más de dos años de desempeñarse como fiscal del caso. La decisión fue confirmada este martes y su lugar será ocupado por Mauricio Pazarán, exfiscal territorial en la Ciudad de México.
La remoción ocurre luego de una creciente presión pública por parte de los familiares de los normalistas, así como de denuncias presentadas por personal interno de la unidad. Durante meses, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos insistieron en la salida de Gómez Piedra, argumentando pérdida total de confianza, falta de avances, corrupción y desinterés institucional.
Uno de los momentos más tensos ocurrió en mayo, durante una reunión entre los familiares y la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. En esa ocasión, exigieron su remoción como prioridad. El vocero Melitón Ortega afirmó: “Nunca hemos tenido una respuesta contundente con el fiscal”.
El clima de inconformidad escaló cuando Gómez Piedra declaró ante medios que el objetivo principal era “buscar los cadáveres” de los estudiantes, una frase que fue interpretada por las familias como un abandono a la esperanza de encontrarlos con vida. Aunque Sheinbaum desmintió posteriormente que ésa fuera la directriz oficial, el daño estaba hecho.
Las denuncias formales llegaron el 28 de abril, interpuestas ante la FGR, la Secretaría Anticorrupción y la Presidencia. Se le acusó de peculado, cohecho, abuso de autoridad, intimidación y uso indebido de recursos públicos, incluyendo fiestas y desfiles dentro de las oficinas, así como la utilización de vehículos oficiales para fines personales.
A lo anterior se suma la inasistencia de la FGR a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocurrida dos semanas después de un desfile de catrinas organizado en la unidad. Este contexto reforzó la narrativa de negligencia y falta de seriedad ante un caso que sigue sin respuestas claras once años después de ocurrido.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, confirmó que la presidenta Sheinbaum solicitó un “nuevo enfoque”, priorizando tecnología, evidencia objetiva y revisión exhaustiva de los archivos militares, dado que muchos testimonios se han considerado inconsistentes o manipulados.
En ese sentido, el nombramiento de Mauricio Pazarán al frente de la UEILCA representa un reajuste estratégico. Con experiencia en la Fiscalía capitalina en temas de narcomenudeo, amparos y asuntos relevantes, Pazarán asumirá la responsabilidad de acelerar el acceso a más de 800 expedientes militares y renovar los esfuerzos de búsqueda.
Según informes citados por medios nacionales, Pazarán ya se presentó en las oficinas de la fiscalía en la colonia Doctores los días 6 y 7 de mayo, lo que anticipaba su inminente nombramiento.
La siguiente reunión entre familiares y autoridades está programada para finales de julio, donde se espera una evaluación del progreso y el cumplimiento de compromisos. Las familias insisten en tres demandas clave: transparencia, justicia y rendición de cuentas, sin simulaciones ni postergaciones.
A once años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el relevo en la conducción del caso reabre la posibilidad de recuperar la confianza y dar pasos firmes hacia la verdad.
