Javier Duarte solicitó libertad anticipada argumentando haber cumplido 95% de su sentencia. El 12 de noviembre una jueza decidirá, mientras la FGR se opone por procesos y decomisos pendientes.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, formalizó una solicitud de libertad anticipada, misma que será resuelta por una jueza federal el próximo 12 de noviembre. La petición, presentada desde diciembre de 2024, será evaluada por Ángela Zamorano Herrera, jueza de ejecución de sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde Duarte permanece recluido desde 2018. Su defensa sostiene que el exmandatario ha cumplido más del 95% de su sentencia de nueve años, además de reunir los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Duarte se declaró culpable en 2018 por asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos por los cuales recibió una condena de nueve años y una multa de 58 mil pesos, además del decomiso de propiedades vinculadas a esquemas de corrupción. De acuerdo con su abogado, Carlos Campuzano, Duarte accedió voluntariamente a un procedimiento abreviado solicitado por la Fiscalía, asumiendo su responsabilidad con el objetivo de agilizar el proceso judicial. La defensa recalca que el exgobernador se entregó a las autoridades y ha mantenido una conducta adecuada dentro del penal.
El representante legal, Pablo Campuzano, acusó a autoridades federales y a la Fiscalía de Veracruz de intentar impedir el beneficio, señalando que Duarte ha cumplido todos los lineamientos legales: cumplir más de la mitad de la pena, pagar multas, mantener buen comportamiento, participar en programas de reinserción y no contar con procesos pendientes. La defensa asegura que varios expedientes en el fuero común y federal han sido cerrados, anulados o declarados prescritos, por lo que el exgobernador no enfrenta causas adicionales.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), representada por Manuel Granados Quiroz, se manifestó en contra de la solicitud al argumentar que aún existen decomisos pendientes y que Duarte “no ha querido pagar sus crímenes ante la justicia”. El Ministerio Público recordó que, durante su administración en Veracruz, el exgobernador fue acusado por desfalcos multimillonarios, empresas fantasma, corrupción estructural y uso indebido de recursos públicos, así como por el abandono de servicios esenciales en el estado.
La FGR también subrayó que Duarte fue detenido en Guatemala en 2017 tras ser catalogado como prófugo, y posteriormente extraditado a México, lo que para la institución demuestra la gravedad de los delitos cometidos. La sentencia dictada en septiembre de 2018 incluyó el decomiso de 40 propiedades y sanciones económicas equivalentes a más de 3 mil dólares, además de otros procesos por delitos electorales, incumplimiento del deber legal y desaparición forzada que finalmente fueron cerrados.
La resolución de la jueza definirá si Duarte obtiene o no la libertad anticipada después de casi ocho años en prisión. Mientras su defensa insiste en que cumple todos los requisitos de ley, la Fiscalía sostiene que permitir su salida sería incongruente con la magnitud de los daños ocasionados durante su administración. El caso reabre el debate sobre las responsabilidades políticas y judiciales derivadas del sexenio de Duarte, considerado uno de los periodos más cuestionados en la historia reciente de Veracruz.
