Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en violencia física contra mujeres con un 36.3% de reportes atendidos por Cejum, según cifras del Inegi correspondientes al cierre de 2024.
El estado de Chihuahua ha sido identificado como la segunda entidad federativa con la mayor incidencia de reportes por violencia física contra las mujeres en todo México. De acuerdo con el más reciente Reporte de Resultados de los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad solo es superada por Tlaxcala, que encabeza la lista con un 38.2 por ciento. Chihuahua acumuló una proporción del 36.3 por ciento de incidentes de carácter físico, seguido por Campeche con un 31.3 por ciento.
El análisis pormenorizado de los datos indica que en los Centros de Justicia de la entidad se atendieron un total de 30 mil 689 incidentes de diversa índole. La distribución de estas agresiones en Chihuahua se desglosa de la siguiente manera:
- Violencia física: 36.3 por ciento.
- Violencia psicológica: 31.7 por ciento.
- Violencia sexual: 13.2 por ciento.
- Violencia económica: 10.1 por ciento.
- Violencia patrimonial: 3.6 por ciento.
A nivel nacional, el reporte destaca que los servicios más solicitados durante el 2024 fueron la asesoría u orientación jurídica, con más de 666 mil casos registrados, seguidos por el apoyo en trabajo social y la atención psicológica. Es importante precisar que estas cifras contabilizan casos totales, lo que implica que una misma usuaria pudo haber recibido múltiples servicios de manera simultánea o consecutiva para abordar su situación particular.
Un aspecto relevante señalado por el Inegi es la modernización administrativa en la gestión de estos datos. Al cierre de 2024, Chihuahua se integró al grupo selecto de estados, junto con Durango, Hidalgo y San Luis Potosí, que utilizan sistemas o plataformas electrónicas como medio principal para el registro y seguimiento de la información. Esta infraestructura tecnológica busca optimizar la atención y el resguardo de los expedientes de las víctimas, contrastando con la realidad nacional donde solo el 26.7 por ciento de los centros han logrado migrar totalmente a archivos digitales para combatir este fenómeno social.
