Claudia Sheinbaum anunció una reforma electoral para ampliar facultades del INE y detectar posibles vínculos criminales en aspirantes a cargos públicos, buscando impedir la participación de narcocandidatos en las elecciones de 2027.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional orientada a fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE) con el objetivo de prevenir la participación de personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada en futuros procesos electorales.
La propuesta contempla ampliar las facultades del organismo electoral para identificar, fiscalizar y eventualmente impedir el registro de aspirantes a cargos de elección popular que presenten posibles riesgos o nexos con estructuras criminales, de cara a las elecciones intermedias de 2027.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la iniciativa busca recuperar elementos del llamado “Plan A” en materia electoral y será enviada de inmediato al Congreso de la Unión para garantizar que pueda ser discutida y, en su caso, aprobada antes del inicio formal del próximo ciclo electoral.
Sheinbaum sostuvo que uno de los objetivos centrales es blindar el sistema democrático y evitar la infiltración del crimen organizado en las candidaturas, sin importar el partido político al que pertenezcan los aspirantes.
“Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, explicó la mandataria.
Entre los cambios adelantados se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y análisis de información, permitiendo al INE cruzar datos financieros y antecedentes mediante coordinación con otras instituciones federales.
La reforma también prevé implementar filtros de evaluación para revisar perfiles de riesgo entre aspirantes locales y federales, incluyendo antecedentes patrimoniales, vínculos y procesos de verificación previos al registro oficial de candidaturas.
Asimismo, se buscará una coordinación más estrecha entre el órgano electoral, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las fiscalías para generar alertas tempranas sobre posibles operaciones ilícitas o financiamiento irregular en campañas.
El gobierno federal justificó la rapidez en el envío de la iniciativa debido a las restricciones legales que impiden modificaciones de fondo una vez iniciado formalmente el proceso electoral rumbo a 2027.
