Una investigación de la agencia Reuters reveló que el CJNG coordinó una red de contrabando para importar combustible desde Texas a México, evadiendo aranceles mediante declaraciones aduaneras falsas.
Una profunda investigación de carácter binacional destapó una millonaria trama de contrabando de hidrocarburos que vincula de manera directa operaciones de comercio exterior con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con un reportaje especial publicado este miércoles por la agencia internacional de noticias Reuters, una empresa comercializadora radicada en Houston, Texas, se encuentra bajo el escrutinio de autoridades judiciales de México y los Estados Unidos por facilitar la introducción ilegal de combustible a territorio nacional.
El expediente, fundamentado en cuatro documentos de seguridad nacional del gobierno mexicano elaborados entre marzo y abril de 2026, apunta a la compañía Ikon Midstream como una de las piezas operativas centrales de la organización criminal. Ante este panorama, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación formal en contra de la firma norteamericana sustentada en vigilancias de campo, cruces de información aduanera y testimonios recopilados.
El esquema delictivo consistía en cargar buques cisterna con grandes volúmenes de diésel, gasolina y nafta en puertos de Estados Unidos y Canadá, para posteriormente enviarlos a puertos mexicanos. Sin embargo, al momento de tramitar el despacho en las aduanas, el producto era declarado bajo códigos arancelarios falsos correspondientes a lubricantes industriales. Esta manipulación documental tenía el propósito específico de evadir los elevados aranceles que el marco fiscal mexicano impone a la importación formal de combustible legítimo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmó de manera oficial que los códigos de exportación utilizados por la comercializadora en los buques Torm Agnes y Torm Louise durante 2025 eran incorrectos. Tras el señalamiento periodístico, la directiva de Ikon Midstream reconoció las anomalías, catalogándolas como «errores menores e involuntarios» sin dolo de evasión fiscal.
Adicionalmente, el reportaje desveló que los destinatarios del hidrocarburo en México operaban como corporaciones fantasma. Empresas listadas como compradoras, entre ellas Azteca Cone e Intanza, carecen de infraestructura física, portales web, números de contacto o personal real. Una inspección en el domicilio fiscal de una de ellas en Monterrey, Nuevo León, reveló que el sitio corresponde a un taller metalúrgico ajeno a la industria energética. Derivado de estas alertas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) decretó la suspensión en el registro de importadores de 12 de los 15 socios comerciales de la firma tejana.
La presión judicial sobre el caso escaló el pasado 14 de abril de 2026, cuando el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) ejecutó una orden de cateo en los cuarteles generales de Ikon Midstream en Houston. Pese a que el director ejecutivo de la firma negó nexos criminales y demandó a la agencia informativa por difamación en una corte de Texas, reportes de inteligencia estratégica reiteran que el contrabando de combustible consolidó su posición como la segunda actividad más lucrativa de los cárteles, superada únicamente por el narcotráfico tradicional.
