El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que la existencia de una ficha roja de la Interpol requiere un proceso de validación nacional antes de proceder a una detención.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, puntualizó de forma detallada cómo opera el protocolo internacional de capturas, luego de ser cuestionado sobre las razones jurídicas por las cuales no se procedió al arresto inmediato del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de aquella entidad federativa, tras acudir a comparecer voluntariamente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se expuso que, si bien los políticos sinaloenses se encuentran bajo la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa, la activación de una alerta internacional no faculta un arresto en flagrancia sin desahogar primero un proceso estrictamente diplomático y judicial en territorio mexicano.
A petición de la mandataria federal, García Harfuch explicó que existe un proceso institucional homogéneo a nivel global cuando se emite una notificación de esta índole. “Hay un proceso una vez que hay una notificación roja: primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y ahí se ve si procede o no. Es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, puntualizó el secretario.
El funcionario federal abundó en que, para concretar la privación de la libertad de un ciudadano en suelo patrio bajo estos criterios, es indispensable que un juez federal mexicano obsequie formalmente una orden de detención provisional con fines de extradición internacional. Subrayó que el mismo proceso aplica a la inversa, es decir, cuando México solicita la localización de un objetivo en el extranjero, el Departamento de Justicia de dicho país analiza rigurosamente si la petición cumple con los tratados bilaterales vigentes antes de actuar.
La precisión sobre este proceso se genera días después de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y ocho excolaboradores cuentan con fichas rojas activas ante los sistemas de la Interpol. La jefa del Ejecutivo federal reiteró que estas alertas, de origen norteamericano, tienen el efecto jurídico inmediato de congelar la movilidad internacional de los señalados, haciéndolos sujetos de captura en caso de abandonar las fronteras de la República Mexicana.
Por su parte, Rubén Rocha Moya desahogó su entrevista ministerial el pasado martes en la sede de la FGR en Culiacán. A través de canales digitales formales, el mandatario bajo licencia insistió en que mantendrá su disposición absoluta ante los llamados de la representación social federal, amparándose en el debido proceso y afirmando que mantendrá la lucha por demostrar la veracidad de su postura con apego al Estado de Derecho.
