Jaime Bonilla lanzó nuevas acusaciones contra Marina del Pilar al señalar presuntos vínculos con el crimen organizado, afirmaciones que no cuentan con respaldo de investigaciones oficiales.
El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, realizó una serie de acusaciones contra la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al asegurar durante una entrevista con Milenio que mantiene desde hace tiempo señalamientos sobre presuntos vínculos de la gobernadora con el crimen organizado.
Durante la conversación, Bonilla afirmó de manera categórica que Marina del Pilar es «una narcotraficante», declaración que aseguró haber realizado anteriormente tanto en el Senado de la República como en otros espacios públicos. Al abordar el rompimiento del Partido del Trabajo con Morena, el exmandatario descartó cualquier posibilidad de alianza con el grupo político de la gobernadora y sostuvo que su salida de Morena estuvo motivada, según dijo, por desacuerdos relacionados con presuntos nexos entre el gobierno estatal y organizaciones delictivas.
Cuestionado sobre la gravedad de sus declaraciones, Bonilla reiteró que ha sostenido esos señalamientos desde hace tiempo y que los expresó públicamente en la máxima tribuna del país.
En la entrevista también habló sobre el asesinato de Jesús Pereyra, quien, de acuerdo con su versión, colaboró en un cargo menor durante su administración. Aunque aseguró no haber tenido diferencias personales con la víctima, responsabilizó políticamente a la actual administración estatal por la situación de inseguridad en Baja California y afirmó, sin presentar pruebas públicas, que existiría un supuesto pacto entre autoridades estatales y grupos criminales.
Hasta el momento, estas acusaciones no han sido respaldadas por investigaciones oficiales ni por autoridades competentes.
En otra entrevista concedida a la periodista Azucena Uresti, Bonilla aseguró que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión en la que expuso información sobre presuntos funcionarios relacionados con actividades de narcotráfico. Según relató, entre los señalados se encontraban elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal.
El exgobernador afirmó que posteriormente decidió llevar esos señalamientos al Senado de la República. Añadió que, días después de esa denuncia, López Obrador visitó Baja California y apareció públicamente junto a Marina del Pilar, situación que, según su interpretación, evidenciaba que no habría consecuencias derivadas de los señalamientos realizados.
Bonilla también sostuvo que abandonó Morena luego de que, según su versión, el entonces presidente le explicara que era necesario respaldar a Marina del Pilar como parte del proyecto político del partido.
Asimismo, aseguró haber enviado alertas a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación de seguridad en Baja California. Durante sus declaraciones mencionó, sin citar una fuente oficial, que más de seis mil negocios habrían cerrado en la entidad durante el presente año y afirmó que directivos de la planta de Toyota en la región se desplazarían con escoltas debido a problemas de seguridad.
Hasta el cierre de esta información, ni Marina del Pilar Ávila Olmeda ni el Gobierno de Baja California habían emitido una respuesta pública específica a estas acusaciones, y tampoco existe una investigación oficial abierta derivada de los señalamientos realizados por el exmandatario estatal.
En el contexto de la reciente difusión de audios relacionados con la gobernadora, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada durante su conferencia matutina del 14 de julio de 2026 sobre las medidas para proteger información sensible.
La mandataria federal señaló que no existe certeza sobre la identidad de las personas con quienes hablaba Marina del Pilar en las grabaciones difundidas y explicó que la gobernadora le informó que realizaba gestiones personales relacionadas con la cancelación de su visa.
Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México conoció el caso a través de la publicación de los audios y consideró que el contenido conocido hasta el momento no compromete la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California. Por ello, sostuvo que no existen elementos para considerar la comisión de un delito y expresó que «no hay delito que perseguir».
La presidenta también diferenció este caso del ocurrido anteriormente con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al señalar que en aquella situación sí se acreditó la presencia de agentes extranjeros operando en territorio mexicano, lo que calificó como una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
