Los nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar muestran presuntas conversaciones para organizar reuniones con supuestos intermediarios del FBI y otras agencias de Estados Unidos.
El periodista Héctor de Mauleón dio a conocer dos nuevos audios en su columna de El Universal, en los que presuntamente se escucha a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dialogar con personas que se presentan como intermediarios de agencias estadounidenses para organizar una reunión relacionada con la cancelación de su visa.
La publicación se realizó un día después de que la propia mandataria señalara públicamente que probablemente seguirían apareciendo nuevos fragmentos de conversaciones, las cuales ha sostenido que fueron manipuladas y sacadas de contexto.
En la primera grabación, uno de los interlocutores informa que una reunión habría sido autorizada para finales de agosto en Panamá. Según lo expresado en la conversación, la decisión habría sido tomada conjuntamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes presuntamente eligieron ese país como un «territorio neutral» para evitar realizar el encuentro tanto en territorio estadounidense como mexicano.
Durante ese intercambio, Marina del Pilar pregunta si sus abogados podrían acompañarla a la reunión. El supuesto intermediario responde que consultaría esa posibilidad con sus superiores del DHS. En el audio también se escucha a la gobernadora expresar preocupación por desconocer las reglas y procedimientos legales relacionados con el proceso, aunque manifiesta su disposición para continuar con el seguimiento del caso junto con su representación legal.
La segunda grabación contiene segmentos tanto en español como en inglés. En ella, uno de los participantes explica que inicialmente se planteó celebrar el encuentro en Panamá y posteriormente en la Ciudad de México, debido a que, según afirma, personal del HSI y del FBI buscaba realizar la reunión en un territorio neutral y con la mayor discreción posible para evitar filtraciones a la prensa.
Posteriormente, otro interlocutor, quien dice formar parte del equipo de contacto con el FBI, pregunta directamente a la gobernadora si preferiría reunirse con representantes de esa agencia en Tijuana o en Miami por cuestiones logísticas. De acuerdo con el audio difundido, Marina del Pilar responde que prefiere Tijuana, tras lo cual el intermediario señala que el encuentro sería directamente con personal del FBI dispuesto a trasladarse a esa ciudad.
En otro momento de la conversación, el interlocutor pregunta si desea que primero contacten a su abogado. La mandataria responde, alternando entre español e inglés, que prefiere que su representante legal sea informado antes de tomar cualquier decisión y posteriormente le comunique lo que considere más conveniente para el caso. El supuesto intermediario indica que, una vez concluida la llamada, establecería contacto con el FBI para continuar el procedimiento mediante el abogado.
La difusión de estos audios ocurre en medio de la controversia iniciada por la cancelación de la visa de la gobernadora. Un día antes de la publicación, Marina del Pilar acusó al exgobernador Jaime Bonilla de haberle tendido una trampa al ponerla en contacto con quienes se presentaron como intermediarios capaces de ayudarla a recuperar el documento migratorio. La mandataria calificó el caso como un presunto complot y una venganza política.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no han confirmado oficialmente la existencia de las reuniones descritas en las grabaciones, ni han emitido un posicionamiento sobre su autenticidad. Asimismo, la gobernadora no ha realizado un pronunciamiento específico respecto al contenido de estos nuevos fragmentos.
Estas grabaciones se suman a otras difundidas previamente por el mismo periodista, en las que se atribuye a Marina del Pilar expresar disposición para compartir información relacionada con las mesas de seguridad. Sobre ese material, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señalaron anteriormente que no existían elementos que acreditaran la comisión de algún delito, al considerar que las conversaciones conocidas hasta ese momento no evidenciaban la revelación de información confidencial ni comprometían la seguridad nacional o estatal.
