Sheinbaum aclaró que agentes de EE. UU. solo ubicaron un narcolaboratorio en Chihuahua sin operar, mientras la FGR investiga el caso y frena extradiciones políticas por falta de pruebas.
La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó los alcances de la intervención de personal de agencias de inteligencia de los Estados Unidos en la localización de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en la región de la Sierra de Chihuahua. Durante el desarrollo de la conferencia matutina en el Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal enfatizó que los elementos extranjeros se limitaron exclusivamente a tareas de geolocalización y reconocimiento del sitio, descartando de manera categórica que hayan participado en el despliegue táctico o en el desmantelamiento físico de las instalaciones delictivas.
De acuerdo con los informes técnicos presentados, los agentes norteamericanos acompañaron originalmente a personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para efectuar la inspección de campo. Tras concretar la ubicación del inmueble, las células operativas extranjeras se replegaron del territorio, correspondiendo formalmente a la Fiscalía General de la República la ejecución del operativo de aseguramiento y neutralización química. Asimismo, la mandataria confirmó que la FGR mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar si la actuación y el ingreso de dichos agentes vulneró las disposiciones del marco jurídico nacional en materia de seguridad y soberanía.
Sheinbaum Pardo puntualizó que el diferendo institucional no radica en las estrategias de combate al narcotráfico, sino en el cumplimiento estricto de los protocolos de acreditación consular ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cuales prohíben estrictamente a personal foráneo realizar funciones operativas en campo. Derivado de estas revisiones normativas, el Gobierno de México detectó la presencia de otros dos agentes estadounidenses carentes de las credenciales legales requeridas, procediendo a solicitar su retiro inmediato del territorio nacional, requerimiento que fue acatado por las autoridades del país vecino.
Finalmente, la presidenta de la República vinculó este escenario con los recientes requerimientos urgentes de extradición promovidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de servidores públicos mexicanos en funciones, entre los que se listan un gobernador, un senador y un presidente municipal. Al respecto, la mandataria federal reiteró que la FGR y la administración central han condicionado cualquier orden de captura a la presentación formal de los elementos de prueba y desgloses probatorios correspondientes, ratificando que México no actuará bajo consignas externas que carezcan de sustento legal.
