El Congreso del Estado de México aprobó una ley integral para combatir la extorsión, que permitirá su persecución de oficio y fortalecerá la investigación y coordinación institucional.
El Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, así como una serie de reformas a distintos ordenamientos legales, con el propósito de enfrentar de manera especializada y coordinada las diversas modalidades de extorsión que afectan a la entidad.
Con la entrada en vigor de esta nueva normativa, el delito de extorsión será perseguido de oficio, lo que elimina la obligación de que la víctima presente una querella para que las autoridades inicien una investigación. Esta modificación busca reducir la impunidad y facilitar la actuación inmediata de las instituciones de seguridad y procuración de justicia ante un delito considerado de alto impacto social.
La legislación establece un marco integral que regula mecanismos de coordinación, acciones, programas y políticas públicas de carácter transversal e interinstitucional. Dichas disposiciones deberán ser implementadas por autoridades estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para prevenir, investigar, perseguir, atender y combatir la extorsión, así como otros delitos relacionados.
Entre los principales avances de la ley se encuentra la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados. Este órgano tendrá la responsabilidad de articular esfuerzos entre dependencias de seguridad pública, instancias de procuración de justicia y organismos de atención a víctimas, con el fin de fortalecer la respuesta institucional frente a este fenómeno delictivo.
Asimismo, el Congreso aprobó la creación de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, la cual estará adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Esta fiscalía contará con personal capacitado, evaluado y certificado conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que permitirá robustecer las investigaciones y mejorar la eficacia en la persecución penal.
Como parte de las nuevas disposiciones, también se estableció la creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, cuyo objetivo será facilitar la presentación de denuncias, brindar acompañamiento integral a las víctimas y canalizar de forma inmediata los casos a las autoridades competentes, reduciendo los tiempos de respuesta institucional.
En otro punto relevante, el Congreso mexiquense aprobó derogar el delito de extorsión como tipo penal del Código Penal estatal, debido a que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, de carácter federal, ya contempla este delito y define las sanciones correspondientes. Con esta decisión, se busca armonizar la legislación local con el marco jurídico nacional.
Los artículos transitorios de la nueva normativa establecen que los centros penitenciarios estatales tendrán un plazo de 150 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para implementar procedimientos y tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen, una de las principales fuentes de extorsión en el país.
Durante la sesión legislativa, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva y legisladora de Morena, señaló que estas reformas fortalecen las funciones de inteligencia, consolidan las mesas de la paz y dignifican a las corporaciones policiales mediante un modelo de seguridad centrado en las personas.
La legisladora también destacó que, en materia de desaparición de personas, las reformas colocan en el centro a las víctimas y a sus familias, al mejorar la coordinación institucional para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas. Finalmente, se aprobaron modificaciones para ampliar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y promover la profesionalización de los cuerpos policiales, con el objetivo de avanzar hacia un Estado de México más seguro.
