Chicago vive jornadas tensas por la ofensiva migratoria de la administración Trump, con redadas, órdenes judiciales y protestas que la colocan en el centro del debate nacional.
La ciudad de Chicago se ha consolidado como el epicentro de la ofensiva migratoria del Gobierno de Donald Trump, en medio de redadas masivas, enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, y nuevas decisiones judiciales que buscan contener los abusos en los operativos.
Durante las últimas 24 horas, diversos acontecimientos judiciales y operativos han colocado a la ciudad bajo la atención nacional, marcando un punto crítico en la llamada “Operación Midway Blitz”, desplegada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Entre el 8 de septiembre y el 3 de octubre, el operativo ha resultado en más de mil arrestos de migrantes en todo Illinois, lo que ha provocado una ola de protestas en las inmediaciones del centro de detención de Broadview, a las afueras de Chicago.
El DHS ha defendido la estrategia alegando que busca “arrestar a los peores de los peores”, aunque activistas y organizaciones de derechos humanos denuncian violencia, detenciones arbitrarias y represión de manifestaciones pacíficas.
Orden judicial por uso de cámaras corporales
La jueza federal Sara Ellis amplió una orden de restricción que obliga a todos los agentes federales involucrados en los operativos de inmigración en Chicago a utilizar cámaras corporales activadas durante sus encuentros con manifestantes.
Ellis expresó tener “serias preocupaciones” por los reportes de uso de gases lacrimógenos sin advertencia previa, y ordenó la comparecencia del director de campo de ICE, Russell Hott, para el lunes próximo.
El Departamento de Justicia se opuso a la medida, alegando que el manejo y resguardo de los videos implicaría dificultades logísticas y legales. Sin embargo, Ellis sostuvo que la transparencia es esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos civiles en el contexto de las protestas.
Controversia por evidencia federal
Durante la audiencia del jueves, el abogado de Marimar Martínez, una ciudadana estadounidense acusada de embestir un vehículo federal durante una protesta el 4 de octubre, denunció que la camioneta involucrada fue trasladada a más de 1,600 kilómetros, hasta Maine, pese a ser una pieza clave del caso.
El juez ordenó su inmediato retorno a Chicago para preservar las pruebas, tras advertir que el desplazamiento pudo comprometer la integridad de la investigación.
Martínez, de 30 años, se declaró inocente del cargo de agredir y obstaculizar a oficiales federales, argumentando que los videos de cámara corporal muestran que fue un agente quien la embistió primero.
Arresto de un agente policial migrante
En otro giro del caso, agentes de ICE detuvieron a Radule Bojovic, un policía del suburbio de Hanover Park, acusado de residir ilegalmente en Estados Unidos desde 2015 tras la expiración de su visa de turista.
El DHS lo calificó de “delincuente armado ilegal” y criticó que un departamento policial permitiera que un extranjero portara un arma de fuego.
“¿Qué clase de departamento de policía da placas y armas a inmigrantes ilegales delincuentes?”, cuestionó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en entrevista con CNN.
Tribunal de apelaciones limita el despliegue militar
En un revés para la administración Trump, un tribunal federal de apelaciones confirmó la orden que prohíbe temporalmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Illinois.
La jueza April Perry, quien emitió el fallo inicial, afirmó que “no existe evidencia creíble de una rebelión en el estado que justifique la federalización de las fuerzas armadas”.
El tribunal del Séptimo Circuito ratificó su decisión, aunque permitió que los efectivos permanezcan bajo control federal. La resolución subraya los límites legales del Ejecutivo para usar fuerza militar con fines de control civil.
Con las protestas programadas para continuar durante el fin de semana, Chicago enfrenta una tensión creciente entre el poder federal, los tribunales y la sociedad civil, mientras el país observa el desarrollo del mayor conflicto migratorio de la era Trump.
