Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en sanciones por corrupción administrativa, con 69 casos, mientras Transparencia Mexicana advierte que solo 7.1% llega a los tribunales.
Chihuahua se ubicó como la segunda entidad del país con mejores resultados en la obtención de sanciones por corrupción administrativa, de acuerdo con un nuevo informe presentado por Transparencia Mexicana a pocos días de que se dé a conocer un paquete de reformas en materia anticorrupción.
El análisis señala que únicamente el 7.1 por ciento de los casos de corrupción administrativa investigados por los órganos de fiscalización superior del país ha llegado a algún tipo de sanción por parte de los tribunales de Justicia Administrativa.
Dentro de los resultados correspondientes a la Federación y a las 32 entidades del país, Chihuahua destacó por el número de sanciones obtenidas por su órgano de fiscalización. La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) acumula 69 sanciones, cifra que la coloca en el segundo lugar nacional.
El primer sitio corresponde a Nayarit, con 97 sanciones, mientras que Zacatecas ocupa la tercera posición con 63. De esta manera, Chihuahua se encuentra entre las entidades con mejores resultados en la efectividad de las investigaciones realizadas por sus órganos de fiscalización para lograr que los casos lleguen a una resolución sancionatoria.
Transparencia Mexicana explicó que el estudio analiza la facultad otorgada en 2015 por el Congreso de la Unión a los órganos federales y estatales de fiscalización superior para investigar faltas administrativas graves relacionadas con actos de corrupción. Esta modificación buscó dotar a las instituciones de fiscalización de mayores herramientas para que sus investigaciones pudieran derivar en procedimientos y sanciones.
El informe contempla los resultados acumulados desde la aprobación de esta medida y analiza el desempeño de los órganos de fiscalización superior y de los tribunales de Justicia Administrativa. La información será entregada al Congreso de la Unión para que sea considerada durante el análisis y discusión de las reformas a la Ley de Fiscalización Superior que se prevén para este año.
La organización civil señaló que la investigación fue desarrollada con la participación activa de órganos de fiscalización superior y tribunales de Justicia Administrativa de todo el país. El trabajo forma parte del proyecto “Anticorrupción para la reducción de las desigualdades”, impulsado por el Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que la organización coincide con la propuesta legislativa de revisar la inmunidad procesal, conocida como fuero, con el objetivo de facilitar las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción gubernamental.
Sin embargo, consideró que modificar este mecanismo no es suficiente para enfrentar el problema, debido a que también es necesario incrementar las posibilidades de que las investigaciones por corrupción concluyan efectivamente en una sanción.
“Desaparecer la inmunidad procesal, es relevante sí, pero solo si se acompaña de medidas adicionales para evitar la impunidad penal o administrativa”, señaló Bohórquez.
El director ejecutivo de Transparencia Mexicana también planteó la necesidad de aumentar el riesgo de que las investigaciones por corrupción lleguen a una resolución sancionatoria, particularmente ante el bajo porcentaje nacional identificado por el estudio.
Los resultados permitirán a los poderes Ejecutivo y Legislativo contar con elementos para valorar el impacto que ha tenido el marco legal vigente desde 2015 y analizar posibles modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior.
En este contexto, el desempeño de Chihuahua destaca por haber conseguido 69 sanciones a través de la ASE, aunque el informe también muestra que, a nivel nacional, la mayoría de las investigaciones iniciadas por los órganos de fiscalización superior no concluyen en una sanción ante los tribunales de Justicia Administrativa.
La información será tomada en cuenta durante la discusión de las próximas reformas anticorrupción, en un proceso legislativo que podría definir nuevos mecanismos para fortalecer la fiscalización, mejorar el seguimiento de las investigaciones y reducir los niveles de impunidad relacionados con faltas administrativas graves.
