Chihuahua registró la tasa más alta de mortalidad por cáncer de mama en México en 2024, con 27.6 defunciones por cada 100 mil mujeres, según el Inegi.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de Chihuahua encabeza la lista nacional de mortalidad femenina por cáncer de mama, con una tasa de 27.6 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.
El organismo detalló que la tasa nacional pasó de 15.7 en 2015 a 18.7 en 2024, reflejando un incremento sostenido durante los últimos años. En contraste, los estados con menores índices fueron Guerrero y Tlaxcala, con 12.7 y 12.9 muertes por cada 100 mil mujeres, respectivamente.
El cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte entre los tumores malignos, concentrando el 99.2% de las defunciones en mujeres. La enfermedad se origina cuando las células de los senos se alteran y multiplican sin control, formando tumores que pueden extenderse a otros órganos si no se detectan a tiempo.
Durante 2024, el grupo de edad con más fallecimientos fue el de mujeres entre 50 y 59 años, con 2,121 muertes, lo que equivale a una tasa de 30.6 por cada 100 mil mujeres. Entre las mayores de 80 años, la tasa ascendió a 79.6 defunciones, la más alta de todas las categorías.
En cuanto a la atención médica, el 74.9% de las mujeres fallecidas eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 16% del ISSSTE, y el 0.2% del Seguro Popular/INSABI.
Frente a este panorama, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chihuahua propuso la creación de la Cartilla Rosa de Salud Integral, un documento físico y digital que funcionaría como una herramienta de prevención y detección temprana del cáncer de mama.
La propuesta busca integrar esta cartilla en los servicios médicos estatales y nacionales, con el objetivo de incluir recordatorios para la autoexploración mamaria, citas de mastografía, controles ginecológicos, orientación nutricional, hábitos saludables y atención psicológica.
De ser aprobada, la medida requerirá una reforma a la Ley General de Salud, que obligue a la Federación a destinar una partida presupuestal permanente para garantizar su aplicación en hospitales, clínicas y centros comunitarios de todo el país.
