CIBanco presentó una demanda contra el Tesoro de EE.UU. para frenar su desconexión del sistema financiero, tras acusaciones de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales.
El banco mexicano CIBanco presentó el 17 de agosto una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, con la finalidad de frenar la orden que lo desconectaría del sistema financiero estadounidense a partir del 4 de septiembre. La denuncia quedó registrada con el expediente 1:25-cv-02705-TNM y va dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki.
El recurso legal surge tras las acusaciones de que CIBanco, junto con Intercam y Vector, facilitó operaciones de lavado de dinero a cárteles de la droga, por un monto superior a 46 millones de dólares. Dichas instituciones se encuentran actualmente bajo intervención administrativa en México, aunque las autoridades mexicanas han señalado que no existen pruebas contundentes en su contra.
En su argumentación, CIBanco asegura que las acusaciones violan la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso constitucional, advirtiendo que la medida podría llevar a la institución a la insolvencia y eventual desaparición. El banco estima que más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados para intereses estadounidenses —incluyendo fondos de pensiones, de inversión, empresas y ciudadanos— quedarían inutilizados.
La institución advierte que, de mantenerse la sanción, su negocio internacional “dependerá íntegramente del acceso a transacciones en dólares”, por lo que la restricción de FinCEN representa un riesgo letal. Además, CIBanco sostiene que el último banco corresponsal estadounidense ya notificó que cancelará su relación el 21 de agosto, adelantándose a la fecha límite del 4 de septiembre, lo que acelera la urgencia del caso.
“El FinCEN nos ha impuesto la pena de muerte, actuando como fiscal, juez y jurado”, expuso CIBanco en su demanda, al tiempo que reiteró su apoyo a la lucha contra los cárteles y el tráfico de opioides, pero rechazó la legalidad del proceso.
El caso se mantiene en desarrollo, mientras se espera la respuesta de las autoridades estadounidenses y el seguimiento en los tribunales federales.
