Diversas comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron enfrentar una guerra de exterminio por parte del grupo delictivo Los Ardillos, exigiendo la desarticulación inmediata de esta organización criminal.
Las comunidades indígenas de la Montaña Baja del estado de Guerrero denunciaron públicamente que enfrentan una severa estrategia de exterminio impulsada por el grupo criminal conocido como Los Ardillos. De acuerdo con los testimonios recabados, dicha organización delictiva realizó de manera reciente múltiples ataques armados y con el uso de artefactos explosivos, lo cual provocó el desplazamiento forzado de más de dos mil habitantes en varias localidades pertenecientes al municipio de Chilapa.
Durante una conferencia de prensa celebrada como parte de las actividades de la Misión Civil de Observación, cientos de pobladores y autoridades de estas comunidades acusaron una profunda indiferencia por parte de los gobiernos federal y estatal ante sus exigencias de justicia. Los inconformes lamentaron las afirmaciones oficiales que reducen la problemática a un simple conflicto interno entre grupos delincuenciales antagónicos, argumentando que dicha postura solo sirve para invisibilizar la violencia que sufren las familias de la región.
En el pronunciamiento, las mujeres y hombres representantes de los pueblos originarios señalaron de forma directa a la presidencia municipal de Chilapa, encabezada por Mercedes Carvalho Chino, así como a la administración estatal por presuntamente pactar con la organización delictiva y desviar recursos públicos que originalmente estaban destinados al desarrollo de la zona. Según las denuncias, estos fondos financieros terminan alimentando la compra de armamento y municiones para el grupo criminal, dejando desprotegidos a los pueblos y sin acceso a los recursos federales correspondientes.
Respecto a las declaraciones emitidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, las cuales señalaban que el origen de la violencia era una disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos, los representantes de las comunidades acusaron que esta narrativa busca criminalizar a los propios pueblos. Afirmaron que señalar a las víctimas como parte del crimen organizado es una estrategia para evadir la responsabilidad de investigar los ataques que destruyen sus hogares y parcelas de trabajo.
Los relatos de los afectados indican que, a principios del mes de mayo, las localidades de Tula, Alcozacán y Acatlán sufrieron el asedio constante de células delictivas que emplearon armas de grueso calibre y explosivos tácticos. Estos hechos delictivos dejaron un saldo de múltiples asesinatos y desapariciones forzadas, lo que obligó a miles de personas a abandonar sus pertenencias para salvar la vida, una realidad que contrasta con los reportes oficiales que aseguran que la tranquilidad ya fue devuelta a la zona tras el despliegue de ayuda humanitaria.
Ante este panorama, los pobladores rechazaron de manera unánime la instalación proyectada de un cuartel militar en la zona de Alcozacán, argumentando que la presencia masiva de las fuerzas armadas no ha garantizado de forma efectiva la seguridad de la población en los últimos años. En su lugar, exigieron la creación de cinco bases de operaciones interinstitucionales en los caminos vecinales y demandaron que cualquier medida de protección sea acordada bajo los principios de autodeterminación y respeto a las formas propias de organización que establece la Constitución Mexicana.
Finalmente, el manifiesto de las comunidades incluyó un pliego de demandas históricas insatisfechas que van más allá de la seguridad, tales como el acceso formal a los fondos federales de infraestructura social, la construcción de un centro de salud ampliado y la asignación de docentes estables para las escuelas de nivel básico. Las autoridades tradicionales advirtieron que la violencia armada perpetrada en su contra busca el despojo total de los bienes comunales y la expulsión definitiva de los pueblos originarios de sus tierras ancestrales.
