El crimen organizado impone control de precios y rutas de distribución en 10 estados de México, afectando productos de la canasta básica, útiles escolares y generando escasez y sobreprecios.
Diversos grupos del crimen organizado han comenzado a extender su influencia más allá de las actividades ilícitas tradicionales, adentrándose en el control directo de mercados locales en al menos 10 estados del país. Entre las entidades más afectadas se encuentran Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco, donde se ha detectado una estrategia sistemática para manipular los precios de productos de la canasta básica, materiales escolares y mercancías de uso diario.
Esta práctica, que combina extorsión y control de rutas de distribución, afecta directamente a comerciantes locales, quienes son obligados a vender productos robados o distribuidos por los propios grupos delictivos a precios inflados. Algunos ejemplos evidencian el impacto: el kilo de arroz que normalmente cuesta 20 pesos se vende hasta en 25, el frijol de 20 sube a 30 pesos y el kilo de carne pasa de 200 a 250 pesos. Esta misma lógica se extiende a productos como agua embotellada, refrescos, cervezas, materiales de construcción e incluso útiles escolares.
Además del sobreprecio, los criminales han tomado control de bodegas y centros de acopio, donde los propietarios son forzados a pagar cuotas de “renta” o ceder parte de su mercancía. En muchos casos, también establecen rutas exclusivas por donde los productos pueden circular, limitando la libre competencia y generando escasez en regiones donde no se permite el acceso de ciertos distribuidores. Recientemente, en Oaxaca se reportó la falta de arroz, frijol y harina como resultado directo de esta dinámica.
Estas acciones no sólo afectan la economía local, sino que golpean de manera directa a las familias mexicanas, especialmente en las zonas más vulnerables. La manipulación del mercado por parte del crimen organizado representa un reto complejo que requiere coordinación entre autoridades federales, estatales y locales, así como la protección efectiva de quienes se dedican al comercio legal.
