Un reporte de la Universidad Iberoamericana documenta al menos 15 mil 795 desplazados internos en México en 2025, con Chihuahua entre los estados más afectados. El país carece de una ley federal sobre desplazamiento forzado y no tiene cifras oficiales del fenómeno.
México enfrenta una crisis de desplazamiento forzado interno sin respuesta institucional unificada, según el reporte Geografías de la crueldad, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. El documento, que reúne la voz de más de 33 expertos de la academia, la sociedad civil y el periodismo, advierte que la falta de una legislación federal y la ausencia de cifras oficiales han dejado a comunidades enteras expuestas sin un protocolo claro de atención.
Actualmente, solo cinco estados, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca, cuentan con leyes estatales que contemplan la prevención, atención o reparación del desplazamiento forzado. El resto del país carece de marcos normativos específicos para proteger a quienes han tenido que abandonar sus hogares por la violencia.
En 2025, el Programa de Derechos Humanos de la Iberoamericana registró al menos 15 mil 795 desplazados internos en 73 incidentes distribuidos en 11 entidades del país. El 83 por ciento de estos casos estuvo vinculado directamente con la violencia de grupos criminales, siendo Sinaloa, Chihuahua y Michoacán los estados más afectados. El reporte señala que el crimen organizado fue identificado como la causa principal del desplazamiento interno a nivel nacional, aunque reconoce que en Chiapas la situación tiene mayor complejidad por la existencia de conflictos sociales y territoriales históricos.
El análisis del PSC sostiene que el desplazamiento forzado y las desapariciones no son fenómenos aislados, sino procesos que se retroalimentan y forman parte de un mismo patrón de violencia acumulada. Las desapariciones, el desplazamiento y los homicidios se presentan como eventos continuos que se entrelazan en las disputas por el territorio entre organizaciones criminales, y rara vez actúan de forma independiente, sino en combinación con violencia de género, familiar, despojo y falta de protección legal.
Los testimonios recogidos por el reporte muestran patrones concretos que caracterizan estos desplazamientos: reclutamiento forzado de menores, uso de drones para espiar comunidades antes de ataques armados, desplazamientos múltiples de las mismas familias y separaciones prolongadas entre sus integrantes. El informe también alerta sobre los riesgos adicionales que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos que intentan documentar o denunciar estos hechos.
Una de las limitaciones más señaladas es la ausencia de datos desagregados: hasta el momento no se ha logrado categorizar a las personas afectadas por sexo, edad o etnia, lo que dificulta la creación de políticas públicas focalizadas que atiendan las necesidades específicas de cada grupo. El investigador Jairo Antonio López, de El Colegio de México, aportó un análisis basado en cuatro años de trabajo de campo con víctimas en Zacatecas, uno de los estados donde el fenómeno ha sido especialmente intenso en años recientes.
El reporte concluye que México requiere con urgencia una ley federal de desplazamiento forzado, cifras oficiales transparentes y un protocolo nacional de atención que reconozca la complejidad del fenómeno y garantice protección a quienes han perdido su hogar a causa de la violencia criminal.
