Ocho hombres, entre ellos cinco menores, fueron detenidos por la SSPE tras infiltrarse en la marcha del 8M para causar daños y violencia, poniendo en riesgo a las manifestantes.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua confirmó la detención de ocho personas del género masculino durante la movilización del 8 de marzo. Según el informe oficial, estos individuos se infiltraron en la marcha legítima con el objetivo de generar violencia y provocar daños materiales, acciones que representaron un riesgo directo para la integridad de las mujeres participantes. Los arrestos se llevaron a cabo luego de que los sujetos realizaran daños a edificios públicos y mostraran resistencia ante la intervención de las autoridades.
El titular de la corporación, Gilberto Loya Chávez, detalló que el grupo de detenidos está conformado por tres adultos y cinco menores de edad. Los adultos fueron identificados como Israel R.C., de 35 años; Sebastián Arturo M.G., de 22 años; y Dante R.M., de 21 años. Asimismo, el secretario reveló que se tiene detectada la participación de al menos quince menores, con edades que oscilan entre los 13 y 17 años, en actos vandálicos dirigidos contra la infraestructura gubernamental del centro de la ciudad.
Evidencias y proceso judicial
La intervención policial fue respaldada por el uso de tecnología de vigilancia avanzada. Gilberto Loya señaló que las acciones de los infiltrados fueron documentadas en tiempo real a través de las cámaras de la Plataforma Centinela, lo que permitió contar con elementos visuales sólidos para acreditar su participación en los disturbios. Los videos captaron el momento de las agresiones a los inmuebles y la posterior resistencia de los involucrados al momento de ser interceptados por los elementos de seguridad.
«Fueron ocho personas que se infiltraron para causar daños y buscando generar violencia que ponía en riesgo a las mismas participantes de esta marcha», declaró el secretario en conferencia de prensa. Tras el operativo, los ocho individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica por los delitos de daños y resistencia a particulares. Las autoridades subrayaron que cuentan con las pruebas necesarias para proceder legalmente contra quienes intentaron desvirtuar el sentido de la manifestación ciudadana.
