La diputada Rocío González presentó iniciativa para que el delito de estupro sea perseguido de oficio, eliminando trabas legales que generan impunidad y protegiendo de forma efectiva a adolescentes en México.
La diputada Carmen Rocío González Alonso, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y establecer que el delito de estupro sea perseguido de oficio. La propuesta busca cerrar una puerta estructural a la impunidad en uno de los ilícitos más invisibilizados del sistema de justicia.
El estupro, definido como la cópula con adolescentes entre 15 y 18 años obtenida mediante engaño, actualmente solo puede ser investigado si la víctima o sus representantes presentan una querella, según el artículo 263 del Código Penal Federal. Esto limita la capacidad del Ministerio Público para actuar, incluso en casos donde hay evidencia clara del delito o las víctimas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La iniciativa propone derogar dicho artículo y modificar los incisos del artículo 262, incorporando agravantes cuando exista una diferencia de edad mayor a cinco años entre víctima y agresor, cuando se entreguen beneficios económicos o materiales para obtener consentimiento, cuando la víctima se encuentre en condición de vulnerabilidad o si existe un embarazo derivado de los hechos.
De acuerdo con González Alonso, esta reforma permitirá al Ministerio Público actuar sin necesidad de querella, asegurando que los responsables enfrenten la justicia y que el Estado cumpla con su obligación de proteger a niñas y adolescentes contra toda forma de violencia sexual. Subrayó que la medida no busca aumentar penas, sino corregir una omisión legal que perpetúa la impunidad y revictimiza a las adolescentes.
En 2023 se registraron más de 89 mil carpetas de investigación en el país por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, entre los que se incluye el estupro, violación y abuso sexual. El incremento de estos delitos refleja, según la legisladora, un problema estructural que requiere atención urgente y reformas legales que cierren espacios a la impunidad.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión, y cuenta con el respaldo de integrantes del grupo parlamentario del PAN.
