Perú ordenó la salida inmediata de la encargada de la embajada mexicana tras el asilo otorgado a Betssy Chávez, profundizando la ruptura diplomática entre ambos gobiernos.
La encargada de negocios de México en Perú, Karla Ornelas, abandonó territorio peruano tras recibir una orden “perentoria” por parte del gobierno de transición en Lima, como consecuencia de la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. La salida fue confirmada por la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú mediante un comunicado difundido en la plataforma X, donde se señaló que la funcionaria mexicana cumplió con el control migratorio establecido antes de su partida.
El conflicto se intensificó luego de que México otorgara asilo diplomático a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso judicial junto con el exmandatario Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. El presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció el 3 de noviembre que se había fijado un plazo estricto para la salida de Ornelas, en respuesta directa a lo que el gobierno calificó como un acto de intervención en asuntos internos peruanos.
Ornelas había asumido la representación mexicana en Lima tras la expulsión del entonces embajador Pablo Monroy en diciembre de 2022. Aquella expulsión ocurrió luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificara a Dina Boluarte como “usurpadora” tras su ascenso a la presidencia después de la destitución de Castillo. Desde entonces, la relación bilateral permaneció tensa y marcada por diferencias políticas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, justificó la ruptura diplomática argumentando reiteradas interferencias tanto del actual gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum como de la administración previa de López Obrador. Según De Zela, ambos mandatarios han expresado públicamente su respaldo a Castillo y han denunciado su destitución como un golpe de Estado promovido por sectores políticos peruanos. A pesar de la ruptura diplomática, el canciller aclaró que no se suspenderán las relaciones consulares, lo que permitirá mantener servicios administrativos entre ambos países.
En el mismo contexto, el Congreso peruano aprobó declarar persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, acusándola de injerencia en asuntos internos. El gobierno de México rechazó esta medida, señalando que se basa en argumentos falsos y carece de fundamento diplomático.
Paralelamente, el Gobierno de Perú anunció su intención de solicitar a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) una revisión de la Convención de Caracas de 1954, que regula el derecho de asilo diplomático. Según la administración peruana, dicho marco legal ha sido utilizado para encubrir casos que, en su visión, corresponden a delitos comunes y no a persecución política.
Mientras tanto, el gobierno peruano mantiene suspendida la autorización de salvoconducto para Betssy Chávez, lo que le impide abandonar el país pese a haber recibido asilo de manera formal. El proceso legal que enfrenta incluye acusaciones de rebelión y conspiración relacionadas con las acciones de Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción.
La situación coloca a México y Perú en uno de sus momentos diplomáticos más críticos en décadas, con tensiones políticas que ahora se reflejan en la expulsión de representantes diplomáticos y en el debate internacional sobre los alcances del derecho de asilo.
